La política energética en España desprecia nuestros recursos y va en contra de nuestras necesidades.
¿Existe realmente una política energética en España? Para responder a esta pregunta comencemos por la definición de la política económica y para qué sirve. Según la Wikipedia, la política económica «es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos y en general el Estado para conducir e influir sobre la economía de los países».
Sus objetivos pueden ser genéricos como «la igualdad, independencia, libertad y justicia», si bien desde el punto de vista económico serían «el pleno empleo, el desarrollo económico, el equilibrio económico exterior, la estabilidad cíclica y del nivel de precios». Hasta aquí todos conformes.
Veamos en qué se parece esto con lo que hacen y han hecho los últimos Gobiernos españoles.
Lo que deberíamos hacer
En primer lugar analicemos los objetivos del desarrollo y equilibrio económico exterior. Lo lógico desde esta perspectiva es que los Gobiernos tratasen de que los costes de la energía para el país fueran los mínimos y que nuestra factura energética exterior fuera lo menos posible.
Si partimos de que España tiene una fortísima dependencia de la energía procedente del exterior, con cerca de un 80 % de nuestro consumo energético importado —el 99 % del gas, el 99,5 % del petróleo y el 100 % del uranio—, el doble objetivo de la política económica debería llevarnos a intentar sustituir la energía importada por otra producida en nuestro país.
Si además tenemos una materia prima óptima e inagotable, las más de 2.000 horas de sol anuales de media, y 3.167 km de costa, todo parece indicar que la política energética debería estar orientada a la inversión y desarrollo de las tecnologías alternativas —fotovoltaica, mareamotriz, eólica…— con el objetivo de sustituir las fósiles.
Lo que hacemos
¿Es esto lo que se está haciendo? Justo todo lo contrario, ya que las energías verdes están sufriendo una auténtica persecución tanto por el actual Gobierno popular como por su antecesor socialista.
Además, el desarrollo y producción de energías nacionales que sustituyan a las importadas ayudaría a otro de los objetivos de la política económica: la creación de empleo.
Cuarto objetivo de política económica a tener en cuenta: la estabilidad de precios. O mejor, que los precios sean los menores y la cantidad producida la más próxima a la que demandan los consumidores. Esto es la definición del equilibrio en competencia perfecta. Por lo tanto, lo que debe hacerse —más aun un Gobierno que se autodenomina liberal— es intentar acercar el mercado lo máximo posible a esa situación de competencia perfecta, donde ninguna de la empresas tiene poder de mercado.
Nuevamente la pregunta: ¿lo está haciendo el Gobierno? Y la misma respuesta: no. Todo lo contrario, la política energética de los Gobiernos del PP y del PSOE ha sido la de proteger al oligopolio que domina el mercado, intentando de todas las formas posibles, incluso algunas rozando la ilegalidad como ha puesto de manifiesto la UE, evitar la regulación del autoconsumo, la mejor forma de introducir esa competencia y permitir a los consumidores producir su propia energía como ya sucede en Europa.
No nos representan
A la vista de esta situación alguien podría preguntarse ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué? La respuesta quizás puede encontrarse en los consejos de administración de los oligopolistas energéticos e incluso en los papeles de Bárcenas.
Y mientras tanto los ministros sí nos ofrecen su versión de lo que es ahorro energético: quitarnos la corbata en verano o darnos duchas de agua fría. Como siempre nos ocurre a los de Teoría Económica, no podemos terminar la exposición sin unas conclusiones, o si lo prefieren, sin un corolario: los intereses particulares de los dos grandes partidos que han regido España no tienen nada que ver con los de los ciudadanos. Quizás va siendo hora de sustituirlos por alguien que sí nos represente o de autoorganizarnos para representarnos.
