Autoconsumo: una regulación imPopular contra los intereses de España

La política energética del Gobierno está diseñada para defender los intereses de determinados grupos eléctricos y en contra de los intereses generales de España y sus ciudadanos.

Gobierno contra renovables

Imagínese que vive usted en un pueblo típico de la costa española con un sol y una playa magníficos. La lógica dicta que una buena opción sería dedicarse al turismo y la pesca. Pero el alcalde tiene otra idea: decide que cierra todas las playas, echa brea en ellas y exige que todos vistan de traje (a ser posible negro). Y para rizar el rizo solo hay una sastrería, la de un amigo del alcalde, y este obliga a todos a que paguen parte de los costes de instalación del sastre, vayan a hacerse el traje allí o a aprovechen uno que tenían en el armario cogiendo polvo. Pues algo muy similar es lo que ha hecho el actual gobierno impopular con el Real Decreto 1611/2011 que cercena el autoconsumo.

No voy a detenerme en los múltiples extravíos de ese RD que, en contra de lo que está sucediendo en todo el mundo y muy especialmente en la UE, trata de eliminar la posibilidad de que los españoles produzcan y consuman su propia energía, sin estar supeditados a los intereses y precios del oligopolio eléctrico. Un fantástico análisis se puede encontrar en el magnífico artículo de Antonio Barrero sobre el autoconsumo (nº 124 de Energías Renovables). Si bien no puedo dejar de citar el aberrante peaje de respaldo, que obliga a los productores/consumidores a pagar por una red eléctrica que no utilizan. Porque lo relevante que quiero señalar en este post es que esta política energética está diseñada en defensa de los intereses de determinados grupos eléctricos y en contra de los intereses generales de España y sus ciudadanos. Les daré tres argumentos.

Ataque descarado a las energías alternativas

En primer lugar, hay que destacar no ya solo la renuncia, sino el ataque descarado del ministerio de Soria a las energías alternativas, sobre todo la fotovoltaica, a las que desde su llegada ha ido poniendo trabas continuadas. Dado el potencial que tiene nuestro país en ese tipo de energías no solo no debería ir en contra de su desarrollo sino que el Gobierno debería fomentar la investigación en ellas y su implantación. Como señala Jordi Serrano, responsable de ventas de REC en España y Portugal, «…la energía solar para autoconsumo es un modelo especialmente atractivo en España por los bajos costes de los sistemas FV y los altos niveles de radiación solar».

A ello hay que sumar nuestra dependencia exterior de las energías convencionales, de las que importamos la práctica totalidad, por lo que un avance en las energías limpias y producidas en España permitiría mejorar nuestra balanza de pagos y el medioambiente. Lo dicho, no solo no atacarlas sino fomentar su investigación —si es que el Gobierno impopular recuerda a qué corresponde el acrónimo I+D— y su utilización es lo que defiende los intereses de España entendida como un colectivo de ciudadanos/consumidores.

Defensa de los ‘derechos históricos de las Eléctricas’

En segundo lugar la defensa cerrada que el ministro Soria hace de los intereses del oligopolio eléctrico, que ni siquiera se puede justificar en la protección de una empresa nacional, ya que el mayor accionista de Iberdrola es un fondo soberano catarí. Sorprende además que un equipo económico asentado en la más estricta tradición neoclásica/neoconservadora en la que el elemento fundamental de su ADN es la competencia, limite esta para proteger algo contra lo que —al menos teóricamente— han prometido luchar denodadamente: el poder de mercado. Aunque en este caso una clara justificación la podemos encontrar en las palabras de Fernando Romero, gerente de EDF Solar, cuando afirma que la política del Gobierno trata de proteger «los derechos históricos de las Eléctricas, que llevan operando en el país varias décadas, financiando campañas electorales, a partidos y siendo lugar de jubilación de exministros. Estos intereses, puramente privados, con ánimo de lucro, manejan a sus anchas los reales decretos que condicionan a un país». Simplemente repasemos los Consejos de Administración del oligopolio eléctrico y veremos el porqué del RD y la falta de crítica del PSOE. Nueva conclusión: se protegen los intereses de un oligopolio en contra de los del resto de los españoles.

Si quisieran, podrían crear empleo

Por último, la inconsistencia de esta política energética con el apoyo a las pymes y emprendedores con los que se llenan la boca los políticos impopulares. El autoconsumo permitiría acceder a este tipo de empresas a la generación de energía eléctrica, lo que supondría un ahorro en costes importantes así como una mejora en la gestión de dicha energía al ser de generación propia. Además, el desarrollo de este sector, basado en pequeñas instalaciones, es un caldo de cultivo idóneo para emprendedores y empresas de reducido tamaño. Dicho en román paladino: el autoconsumo supone la potenciación de las pymes y emprendedores y la creación de empleo (algo que creíamos estaba en el programa electoral del PP).

En definitiva, el RD 1611/2011 es un clavo más en el ataúd que con gran insistencia está fabricando el gobierno impopular para las energías limpias en España. Pero no es solo eso: es un ataque contra los intereses de todos los españoles y nuestro futuro. Ante esto esperemos que, como nuevamente dice Fernando Romero: «…estamos ante un cambio energético a nivel mundial, ante una nueva filosofía que ellos no van a poder cambiar ni mucho menos detener o anular…». ¡Qué ganas tengo de que se acabe esta legislatura!

José Luis Calvo

¿Por qué tener una política energética contraria a nuestros intereses?

La política energética en España desprecia nuestros recursos y va en contra de nuestras necesidades.

Intereses en la política energetica

¿Existe realmente una política energética en España? Para responder a esta pregunta comencemos por la definición de la política económica y para qué sirve. Según la Wikipedia, la política económica «es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos y en general el Estado para conducir e influir sobre la economía de los países».

Sus objetivos pueden ser genéricos como «la igualdad, independencia, libertad y justicia», si bien desde el punto de vista económico serían «el pleno empleo, el desarrollo económico, el equilibrio económico exterior, la estabilidad cíclica y del nivel de precios». Hasta aquí todos conformes.

Veamos en qué se parece esto con lo que hacen y han hecho los últimos Gobiernos españoles.

Lo que deberíamos hacer

En primer lugar analicemos los objetivos del desarrollo y equilibrio económico exterior. Lo lógico desde esta perspectiva es que los Gobiernos tratasen de que los costes de la energía para el país fueran los mínimos y que nuestra factura energética exterior fuera lo menos posible.

Si partimos de que España tiene una fortísima dependencia de la energía procedente del exterior, con cerca de un 80 % de nuestro consumo energético importado —el 99 % del gas, el 99,5 % del petróleo y el 100 % del uranio—, el doble objetivo de la política económica debería llevarnos a intentar sustituir la energía importada por otra producida en nuestro país.

Si además tenemos una materia prima óptima e inagotable, las más de 2.000 horas de sol anuales de media, y 3.167 km de costa, todo parece indicar que la política energética debería estar orientada a la inversión y desarrollo de las tecnologías alternativas —fotovoltaica, mareamotriz, eólica…— con el objetivo de sustituir las fósiles.

Lo que hacemos

¿Es esto lo que se está haciendo? Justo todo lo contrario, ya que las energías verdes están sufriendo una auténtica persecución tanto por el actual Gobierno popular como por su antecesor socialista.

Además, el desarrollo y producción de energías nacionales que sustituyan a las importadas ayudaría a otro de los objetivos de la política económica: la creación de empleo.

Cuarto objetivo de política económica a tener en cuenta: la estabilidad de precios. O mejor, que los precios sean los menores y la cantidad producida la más próxima a la que demandan los consumidores. Esto es la definición del equilibrio en competencia perfecta. Por lo tanto, lo que debe hacerse —más aun un Gobierno que se autodenomina liberal— es intentar acercar el mercado lo máximo posible a esa situación de competencia perfecta, donde ninguna de la empresas tiene poder de mercado.

Nuevamente la pregunta: ¿lo está haciendo el Gobierno? Y la misma respuesta: no. Todo lo contrario, la política energética de los Gobiernos del PP y del PSOE ha sido la de proteger al oligopolio que domina el mercado, intentando de todas las formas posibles, incluso algunas rozando la ilegalidad como ha puesto de manifiesto la UE, evitar la regulación del autoconsumo, la mejor forma de introducir esa competencia y permitir a los consumidores producir su propia energía como ya sucede en Europa.

No nos representan

A la vista de esta situación alguien podría preguntarse ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué? La respuesta quizás puede encontrarse en los consejos de administración de los oligopolistas energéticos e incluso en los papeles de Bárcenas.

Y mientras tanto los ministros sí nos ofrecen su versión de lo que es ahorro energético: quitarnos la corbata en verano o darnos duchas de agua fría. Como siempre nos ocurre a los de Teoría Económica, no podemos terminar la exposición sin unas conclusiones, o si lo prefieren, sin un corolario: los intereses particulares de los dos grandes partidos que han regido España no tienen nada que ver con los de los ciudadanos. Quizás va siendo hora de sustituirlos por alguien que sí nos represente o de autoorganizarnos para representarnos.

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Desbarajuste energético

DESBARAJUSTE_ENERGETICO

Las últimas semanas han sido pródigas en noticias relacionadas con la energía que muestran no solo los riesgos a los que España se enfrenta sino que, además, constatan la falta de una política sensata que a medio y largo plazo garantice el suministro y consumo energético. Repasémoslas brevemente.

1. Dependemos del gas de países inestables

El ataque a la planta de gas en Argelia prueba nuestra vulnerabilidad. España se abastece del 40 al 45 % del gas que consumimos, vía gas licuado en su mayor parte, y por un gaseoducto directo. Ataques en cadena a diferentes países productores de gas —lo que tampoco es tan difícil dada la inestabilidad política y social de muchos de ellos— pondrían en riesgo nuestro suministro energético en el corto plazo, dada además la escasa capacidad de almacenamiento de que disponemos.

2. El Gobierno rechaza las renovables

Parece obvio que la única vía de sustituir esa dependencia exterior inestable es la producción interna de energía. Pero ¿qué ha hecho nuestro Gobierno? El mismo día que se producía el ataque España demostraba su desinterés por las renovables abandonando su puesto en el consejo de IRENA (Asociación internacional de energía renovable, sita en Abu Dabi), ante la sorpresa general, dado que fue una agencia creada precisamente por Alemania, Dinamarca y España. Además, y en la misma semana, se intentaba hundir aún más a las renovables haciéndolas nuevamente responsables del incremento del déficit de tarifa —de cómo se calcula dicho déficit seguimos sin saber nada—.

3. Apoyamos actividades peligrosas

Dado que el gobierno con el ministro Soria a la cabeza renuncian a las renovables, su política consiste en utilizar vías no convencionales de suministro, haciendo mención expresa del fracking. Aparte del hecho de que esta forma de obtención de gas es altamente contaminante y genera inestabilidad del terreno —hasta CSI Las Vegas le dedicó un capítulo demostrando su relación con enfermedades cancerígenas y terremotos de intensidad media— es un método caro, contaminante como ya hemos dicho, y con una baja EROI (rentabilidad energética, o energía obtenida por energía invertida). Además, ni siquiera se sabe si se va a encontrar.

4. Las comunidades autónomas empiezan a rebelarse

La única noticia buena en todo este despropósito político/económico de la actual Administración es la creciente y cada vez más fuerte oposición desde los gobiernos autonómicos a la política del ministro Soria: El País Vasco y Cantabria se han desmarcado claramente de ella, y comunidades como Extremadura, Murcia, Canarias o Navarra, casi todas gobernadas por el mismo PP o partidos afines, se han decantado en mayor o menor medida por el rechazo expreso al fracking, al nuevo impuesto del 7 %, y por el apoyo a las renovables y el autoconsumo.

Las últimas informaciones aparecidas en los medios la semana pasada sobre corrupción, si bien en un principio parecen desligadas de las anteriores, y unidas a los vasos comunicantes públicos y bien conocidos entre los políticos y las eléctricas, analizadas en cierto detalle pueden explicar mucho de lo expuesto en este post.

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El déficit de tarifa: una contradicción económica

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Quiero partir de un hecho constatado: de todos los que intervenimos en este blog soy el que menos sabe de energía. Mis conocimientos sobre este sector son escasos, aunque trato de suplirlos con una buena dosis de sentido común y algunos conocimientos de economía adquiridos a lo largo de años de estudio. Dejo esto claro porque desde mi perspectiva de economista el tan traído y llevado déficit de tarifa es una contradicción económica de primer orden. Les daré dos razones.

1.

Cuando estudiaba Economía por la década de los ochenta del siglo pasado todos los manuales incorporaban unos sectores que, por definición, debían estar en manos del sector público, ya que presentaban rendimientos crecientes de escala. En estos sectores los costes marginales eran siempre decrecientes (dicho en términos sencillos cada nuevo usuario reduce el coste adicional) y no era posible establecer un precio de equilibrio. Nuevamente y para que se entienda: no hay forma humana de calcular el precio que se debe cargar a los consumidores. Por eso las autoridades debían intervenir y los sectores estaban regulados. El sector energético era uno de los más importantes.

2.

Si definimos los beneficios como la diferencia entre ingresos y costes (de manual), y el déficit de tarifa se genera porque los precios pagados por los consumidores son inferiores a los costes de generación (es decir, los costes son mayores que los ingresos), ¿cómo es posible que las empresas eléctricas repartan año tras año beneficios? Para mí esto es pura magia económica.

Después de analizarlo serenamente todo parece indicar que a la hora de calcular ese déficit de tarifa se emplean criterios cuando menos poco claros y desde luego no económicos. Si a eso añadimos la estrecha relación entre el cártel eléctrico y los poderes políticos, su actuación como grupo de presión contra todo aquello que limite su poder o su mercado —especialmente las renovables, el autoconsumo…—, todo parece indicar que cuando tratamos con las eléctricas no son los criterios económicos los que priman.

A lo mejor no sería mala idea recalcular el déficit de tarifa.

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El PP da marcha atrás sobre el 38,3 % a los presupuestos

Después de la mal llamada «reforma energética» de Soria, que ha consistido en una nueva ronda de impuestos destinada a cubrir el denominado «déficit de tarifa», la valoración ha sido casi unánime: no es una reforma, solo va a cubrir el denominado «déficit de tarifa», y las grandes eléctricas van a trasladar el coste a los consumidores. Al final, quienes van a pagar serán los más débiles, los de siempre: consumidores e inversores en renovables, y en menor medida las empresas de renovables.

La subida de la luz

Constatado esto, cuando las grandes eléctricas han admitido con todo descaro que efectivamente van a trasladar los impuestos, el problema es que esto implica una subida de la luz, que complica aún más su ya muy deteriorada imagen en la ciudadanía. ¿Solución?, cargamos los impuestos en el recibo de la luz, pero lo descargamos, trasladando partidas a los presupuestos del Estado. Dicho y hecho: Soria propone la enmienda en el trámite parlamentario, y el 38,3 % (vaya casualidad, que coincide casi al céntimo con los impuestos que iban a pagar las eléctricas), de las primas a las renovables (el villano número 1), pasan al presupuesto.

Hay que reconocer que la jugada es maestra: las grandes eléctricas no se ven afectadas por los impuestos, el recibo de la luz continúa igual, y siguen pagando los inversores en renovables y ciudadanos en general, vía presupuestos. Así, ahora las renovables, además de ser culpables del precio de la luz, serán culpables del déficit del Estado.

Los astronómicos beneficios de las eléctricas

Desde luego, la ronda de impuestos de Soria probablemente cubrirá el «déficit de tarifa» de este año, pero no de los venideros: eso solo se conseguiría derogando la ley que lo genera, que básicamente reconoce y garantiza unos precios acordes con unos costes que no son ciertos, pues vemos cómo, año tras año, las eléctricas, en su mayor parte en manos extranjeras, obtienen beneficios astronómicos, mientras casi toda la sociedad española sufre angustiosamente la crisis. Y la derogación no sería en absoluto retroactiva, pero no se va a hacer con este gobierno, pues las eléctricas han encontrado una fabulosa fuente de ingresos extra con este mecanismo. Y se debe acabar con el mito y engaño masivo a la sociedad, de que las primas suben el precio de la electricidad y son la causa del «déficit de tarifa»: hasta Moody’s ha reconocido que es justo al revés, que bajan el precio, y en España está archidemostrado que la correlación entre primas y déficit de tarifa es nula.

Donde dije digo…

Sorprendentemente, y cuando ya se daba por hecho, el PP ha retirado la propuesta en la aprobación de la reforma. Ello solo puede deberse a presiones exteriores, probablemente de todos los implicados —inversores internacionales y nacionales, y la propia comisión europea, que viene denunciando la inseguridad jurídica de las renovables en España hace tiempo—. Pero no pensemos que las eléctricas no van a seguir presionando: al presidente de Iberdrola le ha faltado tiempo para amenazar, diciendo que España no se puede permitir pagar 70.000 euros de aquí a 2020 en primas a las renovables. ¿Y qué hay de los cerca de 400.000 millones que nos gastaremos en importar petróleo, gas y uranio, si no tenemos renovables? Esta cantidad supone aproximadamente un 4 % del PIB todos los años, algo que efectivamente no nos lo podemos permitir, especialmente si tenemos en cuenta que los precios del petróleo y gas van a aumentar, y mucho, los próximos años.

En este contexto, finalmente, propongo dos cosas: leer el artículo de Soledad Gallego (‘Las calles por donde no nos dejan pasear‘, El País, 11/11/2012), y por favor, que nos intervengan de una vez, pues Bruselas tiene claro que el autoconsumo y las renovables son la clave: más vale estar en manos extranjeras, por doloroso que sea, que en las de enemigos de la mayoría de los españoles.

El futuro es renovable. In memoriam de Hermann Scheer

Hoy (14 de octubre) se cumplen dos años de la muerte de Hermann Scheer, miembro del Budenstag alemán, presidente de EUROSOLAR y director general del Consejo Mundial para las Energías Renovables (WCRE). Y nada mejor para recordarle que una frase que resume su posicionamiento: «Hay una predicción de la que puedes estar seguro: algún día la energía renovable será la única que se empleará para satisfacer las necesidades energéticas del mundo. Debido a los límites físicos, ecológicos y (por tanto) sociales al uso de la energía nuclear y fósil, al final nadie será capaz de evitar que la energía renovable sea la solución, incluso porque será la única solución que permanezca. La cuestión que nos mantiene en vilo, sin embargo, es si seremos capaces de hacer este cambio radical de modelo energético lo suficientemente pronto como para evitar al mundo daños ecológicos irreversibles y una catástrofe política y social».

Hacemos lo contrario de lo que debemos

Sin embargo, los dos últimos ministros de Energía (PSOE y PP) han actuado en la dirección opuesta, no solo no fomentando las energías renovables, sino atacándolas en beneficio del duopolio eléctrico y las grandes petroleras. Algunos datos nos permiten apreciar la insensatez de esta actitud:

1. España es un país que importa la práctica totalidad de la energía fósil que consume.

2. La energía nuclear no es una solución ni social, ni ecológica ni económica. ¿Saben que las compañías privadas de seguros no cubren los accidentes provocados por las centrales nucleares y deben ser complementados por los estados?, ¿cuál es el valor presente descontado del almacenamiento de residuos nucleares si su duración es de 100.000 años?

3. España es el país europeo con mayor capacidad de generación de energía fotovoltaica. Es decir, estamos “sentados” sobre una fuente inagotable de energía y no la aprovechamos.

Una última frase de H. Scheer explicita lo que una política energética en interés de la totalidad de los españoles debería hacer: «No hay otra opción que romper la estructura de poder del actual sistema energético e (independientemente de eso) movilizar las fuerzas de las energías renovables». Pero quien paga manda…  ¿no, señores González, Aznar y compañía?

Los consumidores pagamos más impuestos a la energía para satisfacer al ‘lobby’ eléctrico

El Consejo de Ministros del viernes 14 de septiembre aprobó una serie de impuestos sobre las energías, destinados a eliminar el llamado «déficit de tarifa», aunque no el mecanismo regulatorio que lo ha generado. Por recordar brevemente los problemas energéticos de España, pueden resumirse en:

  1. Dependencia exterior del 90 % (incluyendo la nuclear), cuando en Europa es del 55%.
  2. Falta de competencia.
  3. Aislamiento internacional.

El paquete de medidas aprobado es puramente recaudatorio y no resuelve ninguno de los problemas energéticos de España, y se destina exclusivamente a satisfacer las presiones del ‘lobby’ eléctrico.

Freno a la insensatez del ministro

No obstante, también se pueden extraer una serie de conclusiones relevantes al respecto. La primera es que no es la reforma de Soria, y la cuestión es de quién es y todo apunta a que el ministro Montoro ha tenido algo que ver, y que el propio Rajoy le ha apoyado finalmente. Esto es positivo, pues han parado por el momento la insensatez del ministro Soria.

Pero parece muy probable que hayan influido las presiones internacionales: el embajador de EE.UU. podría haber advertido sobre represalias en su país a las empresas españolas y los fondos internacionales con subir la prima de riesgo. Pero sobre todo puede haber influido Bruselas, ya que después del apoyo prometido del BCE, y del apoyo acordado a la Banca, las condiciones macroeconómicas se conocen, pero otras solo se han filtrado parcialmente; y entre estas están las relativas a energía, que serían: acabar con el déficit de tarifa, pero también aumentar la competencia, poner impuestos a los ‘windfall profits’ de nucleares e hidráulicas y favorecer a las renovables. Hay, pues, razones para un moderado optimismo respecto a próximas reformas.

Nos toca pagar a los consumidores

¿Y los efectos de estos impuestos? Todo indica que los que recaen en el gas serán trasladados fácilmente a los consumidores de electricidad, y que como el carbón, las nucleares e hidráulicas cobran el mismo precio que el gas, recuperarán una parte de los nuevos impuestos que soportan. Similarmente, los aplicados al petróleo y derivados (no se entiende bien por qué denominados «céntimo verde») también serán trasladados con facilidad a los consumidores.

¿Y los impuestos que recaen sobre las renovables? Precisamente estas energías, como cobran primas fuera de mercado, no van a poder trasladar nada. Así, la carga de los impuestos va a recaer finalmente sobre consumidores y renovables, como siempre.

Miedo al autoconsumo

Pero hay más aspectos relevantes: ¿podemos esperar que esto termine con el victimismo de las eléctricas de Unesa contra las renovables? La respuesta es no, pues su gran temor es que el enorme descenso de coste de la fotovoltaica y otras abra la puerta al autoconsumo, que siguen frenando con apoyo de Soria (de hecho, ya han criticado los impuestos que les tocan).

De paso comprobaremos, una vez más, que las renovables nada tienen que ver con el  déficit de tarifa, pues acabado este los ataques seguirán, y probablemente con mayor virulencia.

Para concluir, se trata de una reforma puramente impositiva que no resuelve ningún problema energético de España, solo destinada a satisfacer al lobby eléctrico. Pero tampoco es la reforma de Soria, que pretendía acabar con la energía solar, y muy especialmente con la fotovoltaica, arruinando a decenas de miles de familias. Parece que puede haber pesado decisivamente la opinión de Bruselas, y dado que son muy favorables a la competencia y las renovables, las razones para el pesimismo generalizado se suavizan… Pero Soria sigue siendo ministro.