Acordarse de Santa Bárbara cuando truena

Las alarmas se disparan siempre ante la inestabilidad política en los países suministradores de petróleo y gas, pero solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena…

Gas o energías renovables

La escalada de tensión en Iraq, con la consiguiente inestabilidad del mercado del petróleo y aumento inmediato en su precio, otra vez ha disparado todas las alarmas. Si a esto le añadimos la crisis de Ucrania con su amenaza sobre el gas ruso suministrado a Europa, la alarma es todavía mayor. Y aunque algún país como EEUU haya conseguido independizarse relativamente del petróleo del Medio Oriente substituyéndolo por petróleo mejicano y canadiense, no es esta la situación de Europa, fuertemente dependiente de Oriente Medio.

Intereses que ocultan la solución

Ante esto los ojos se vuelven inevitablemente, una vez más, hacia las renovables. Pero de nuevo topamos con los intereses de los grandes grupos energéticos basados en las energías fósiles y nucleares, y en la explotación de mercados cautivos defendidos a ultranza con presiones políticas de todo tipo. Y nos encontramos, una vez más, con la monserga mediática habitual en contra de las renovables: que si son caras, que si suben el precio de la electricidad, que si generan energía inestable, etc.

Un añadido reciente a esta reatahíla es que la pérdida de competitividad europea se debe a la apuesta por las renovables para combatir el cambio climático. Curioso, pues esa supuesta pérdida, en todo caso se basa en la fortaleza del euro, que tampoco ha impedido que las exportaciones alemanas sigan aumentando notablemente, e incluso las españolas.

Los beneficios de las eléctricas, intocables

Pero esta vez la joya la ha puesto J. M. Soria, a la sazón ministro de Industria. En un reciente artículo en El País —edición papel y para suscriptores—, afirmaba que la lucha contra el cambio climático no es sostenible si económicamente no es viable. Pero resulta que las renovables, el instrumento clave en esta batalla, son ya enormemente rentables a corto plazo, incluso excluyendo sus ventajas sobre el cambio climático. Por repetir argumentos archiconocidos: generan empleo directo e indirecto y de alta calidad, reducen el déficit exterior, aumentan la independencia energética, disminuyen la incertidumbre de los precios de la energía fósil, rebajan el precio de la electricidad y un largo etcétera. Pero, ¡ay!, tienen un problema insoluble: atacan la base de los inmensos beneficios de las compañías energéticas tradicionales: ¿por qué sino un decreto sobre el autoconsumo, al que no solo priva de derechos elementales de participación en la red de distribución, sino que lo criminaliza con amenazas de multas millonarias?

Y por último, ¿es que algún economista serio puede discutir el enorme coste puramente económico que está teniendo ya el cambio climático, en forma de variabilidad del tiempo y acontecimientos meteorológicos extremos —inundaciones, sequías pertinaces, ciclones, etc.—, con las consiguientes pérdidas humanas, de cosechas, destrucción de infraestructuras, cortes en el suministro de la electricidad, etc.?

Ignacio Mauleón

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Demasiado gas

La mala gestión del oligopolio eléctrico llevó a una sobreinversión en centrales de gas, un error que estamos pagando todos. 

Centrales de gas

Uno de los aspectos más notables de la actual crisis energética es el funcionamiento al 10 % de las centrales eléctricas de gas, de lo cual se quejan amargamente sus propietarias, las grandes eléctricas (‘Mucho gas para tan poca luz‘).

Solo esto debería estar ocasionando graves pérdidas a dichas compañías, de modo que la queja parece justificada. Aparentemente. Para analizarlo en detalle vayamos al origen.

A principios de este siglo y amparándose en el considerable crecimiento económico de España como resultado de la burbuja inmobiliaria, se consideró al gas natural como una opción energética conveniente: menos contaminante que el carbón, más barato, y cuyas centrales de generación eléctrica se constuyen en plazos cortos —de 6 a 12 meses— y sin grandes costes por comparación a otras centrales.

Si a esto se añade una financiación barata y abundante, y fuertes incentivos estatales que permitían recuperar hasta un 30 o 40 % de la inversión, la explosión inversora estaba servida, como así ocurrió efectivamente. Dicho sea de paso, las subvenciones están contabilizadas dentro del término de los costes fijos del recibo eléctrico, los denominados peajes, que pagamos todos los consumidores. En pleno estallido de la crisis y hasta muy recientemente –casi hasta 2011– se siguieron instalando centrales de ciclo combinado por un importe total de unos 15 mil millones de euros, y con una potencia de 27 gigawatios, que resulta en 0,55 euros por watio instalado. Conviene señalar que hoy día el precio de los paneles fotovoltaicos ronda esa cifra y que el combustible, el sol, es gratis, por comparación al gas que hay que pagarlo: en otras palabras, se mire como se mire, la fotovoltaica es hoy por hoy mucho más barata que el gas.

Persecución a las renovables

El estallido de una crisis que dura ya 5 años, y se prevé que dure varios más, ha reducido la demanda de electricidad, y con ella las operaciones del conjunto de estas centrales al 10 % aproximado de su potencia instalada, ante lo cual las empresas propietarias han reaccionando culpando a las renovables de ser el compendio de los males de todo el sistema energético, y consiguiendo que gobiernos de diversa índole las hayan sometido a una persecución inmisericorde.

Los supuestos argumentos son bien conocidos: las renovables necesitan el respaldo del gas, son muy caras, y en definitiva son un lujo innecesario (el problema del supuesto respaldo se analizará en detalle en un próximo post).

Sin entrar en una disección detallada del sistema energético español, estas afirmaciones acerca de las grandes pérdidas en las que están incurriendo a causa del gas chocan con los altísimos beneficios obtenidos por el oligopolio, que este año alcanzarán unos 12 mil millones de euros, a los que habría que añadir el supuesto préstamo que hacen a la sociedad de otros 5 mil millones, a través del denominado déficit de tarifa, que recoge unos costes nominales no retribuidos, y que según el oligopolio son reales. En total, unos 17 mil millones, aproximadamente un 1,7 % del PIB español que obtienen las multinacionales del oligopolio, cuatro de ellas extranjeras, y otra dominada por el emirato de Catar.

Pocas dudas caben hoy de que la crisis era previsible ya en 2008, como muchos economistas lo venían advirtiendo, pues el crecimiento exagerado de España se basaba en pilares poco firmes y con signos evidentes de no sostenibilidad: la burbuja inmobiliaria, que entre otras cosas generó el fuerte déficit externo con el consiguiente endeudamiento, fundamentalmente con bancos alemanes y franceses. Y dentro de esta burbuja se generaron otras, como es precisamente la extraordinaria sobreinversión en centrales de gas, burbuja que entre otras cosas nos obliga a invertir en almacenamientos subterráneos a precios disparatados e inseguros, y a participar en infraestructuras faraónicas, como el gasoducto del Magreb.

Un problema de mala gestión

El problema con el oligopolio eléctrico, por las razones antedichas, es simplemente de una mala gestión, que ahora quieren hacer pagar a los consumidores y pequeños y medianos empresarios.

Este oligopolio, de hecho, está estrechamente imbricado con el Estado –las puertas giratorias–, y su negocio está siempre basado en sustanciosas subvenciones más o menos encubiertas como en el caso del gas, y en ejercer su poder quasi monopolístico frente a un modelo de capitalismo eficiente y competitivo: la misma Comisión Nacional de los Mercados, aunque ha retirado la acusación de manipulación de la última subasta que fija el precio al consumidor para el trimestre próximo, ha sugerido que hubo movimientos extraños, y retiradas de capacidad ofrecida no justificadas. En román paladino: manipulación del mercado.

Y si todo falla, siempre está de nuevo el recurso a papá Estado para culpar a los demás –las renovables en particular–, y exigir compensaciones por lo que no son otra cosa que sus errores de gestión: pretenden, por ejemplo, hibernar sus centrales de gas, y que esos costes sean financiados, aumentando, de nuevo, el recibo de la luz a través de los peajes, ni más ni menos.

Este comportamiento es bien conocido en economía, de acuerdo al cual grandes empresas se arriesgan mas de lo debido, y si el riesgo se materializa negativamente, se recurre al apoyo del Estado, pues se trata de empresas demasiado grandes para caer –moral hazard; a la banca se le suele acusar de practicarlo–. Más aún, si aparecen competidores más eficientes en el mercado, se busca el apoyo del Estado para que directamente prohíba su actividad o la haga inviable, como es el caso del autoconsumo fotovoltaico.

El oligopolio eléctrico no es competitivo ni eficiente

El análisis presentado en este post es necesariamente incompleto, pero permite extraer algunas conclusiones inmediatas. La primera es que el oligopolio eléctrico ni funciona en régimen de libre competencia, pues está fuertemente apoyado por el Estado, ni tampoco es competitivo ni eficiente desde una perspectiva liberal-capitalista. La respuesta es que, además de otras medidas, hay que modificar este sistema, pues la liberalización a medias no ha funcionado, y la mejor solución en el plano institucional sería introducir competitividad troceando las grandes empresas.

No existe ninguna razón económica que justifique la supuesta eficiencia de los grandes conglomerados actualmente existentes, y en particular no están justificados por presuntas economías de escala –a mayor tamaño más eficiencia–: dos centrales nucleares no son más eficientes que una, y una más una central hidráulica tampoco son más eficientes que por separado. Y afortunadamente, pues si así fuera la única opción justificable económicamente sería directamente la nacionalización.

Pero lo que está fuera de toda duda es que el actual sistema de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas es hoy, con la crisis que estamos padeciendo, más inaceptable que nunca.

La segunda conclusión es que los actuales gestores de las empresas del oligopolio han mostrado una manifiesta incapacidad de gestión en un entorno de capitalismo libre y competitivo, y sus accionistas deberían considerar seriamente sustituirlos. Esto sería positivo, tanto para ellos como para toda la sociedad.

Y finalmente, no se trata de mucho gas para tan poca luz, sino, simplemente, de demasiado gas y pocas renovables (las ventajas y necesidad de las renovables ya han sido analizadas en detalle en este mismo blog, y en numerosísimas publicaciones de otros autores).

Ignacio Mauleón

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Una proposición alemana

Los costes sociales de la austeridad empiezan a ser insoportables. Aunque traten de convencernos de que no hay solución, sí la hay: los sindicatos alemanes han lanzado una propuesta de inversiones.

Proposición Alemania contra la crisis

La política de austeridad a la que se está sometiendo a la Europa del Sur, recortes indiscriminados y significativos del gasto público y aumento generalizado de impuestos, no está consiguiendo sus objetivos, reducir el déficit y la deuda pública, sino más bien al contrario. La razón es sencilla: se reduce la actividad, y por tanto la recaudación, y aumenta el desempleo y los gastos asociados por su cobertura. Nadie parece saber dónde acaba, si es que lo hace, este círculo vicioso que puede acabar por engullir todo nuestro modelo económico y social. Y aunque podamos estar de acuerdo en que era necesario un recorte, no se está haciendo de modo imparcial, y se está perjudicando a la parte más vulnerable de la sociedad y aprovechando para favorecer a una minoría al imponer un modelo muy concreto de sociedad. El resultado es que los costes sociales empiezan a ser insoportables.

Sí se puede

Quizás lo peor es que están intentando convencernos de que no hay alternativa, y casi están consiguiendo anestesiar a la sociedad. Pero la hay. Y precisamente en este caso viene de Alemania, el país impulsor principal de la política de austeridad, y no del gobierno, ni de los empresarios, sino de los sindicatos. Y curiosamente, la propuesta no es un conjunto de reivindicaciones sindicales habituales, sino una propuesta de inversiones (DGB Confederation of German Trade Unions, Un Plan Marshall para Europa). El punto de partida es que se considera que Europa tiene todos los recursos económicos, financieros y humanos disponibles para salir de esta situación y volver a una senda de crecimiento sostenible que garantice «el modo de vida europeo», y todos los valores de nuestra sociedad.

La propuesta consta de dos apartados: 1) capítulo de inversiones, y 2) propuesta de financiación. Respecto a las inversiones, proponen dedicar aproximadamente el 60 % del total a energías renovables, y del resto, un elevado porcentaje a temas relacionados. Por ejemplo, renovación energética de los edificios —ahorro y reconversión al consumo de renovables—, transporte —electrificación y transporte público—, gestión y aprovechamiento de residuos urbanos, y gestión del agua. Otros capítulos muy importantes son las inversiones en redes de fibra óptica y telecomunicaciones en general, biotecnología, etc.

Respecto a las renovables, se destaca la generación distribuida y redes inteligentes —en otras palabras, autoconsumo con balance neto especialmente—, almacenamiento, el despliegue conjunto de todas ellas, aprovechamiento energético de residuos, etc.

Mención especial merece la gestión del agua: en Europa, y en el mundo en general, hay una escasez importante que va a ir en aumento. Dado que cerca del 70 % de la población vive en las proximidades de las costas, este es un campo especialmente adaptable a la aplicación de la energía renovable: la desalinización, que no requiere una energía constante y puede hacerse con una energía intermitente que no necesita almacenamiento, como precisamente es la renovable.

Fondo para la recuperación

El talón de Aquiles de esta propuesta y similares es la financiación pues está claro que el Estado no puede hacerlo directamente. La propuesta incorpora un mecanismo de financiación detallado y viable, y aquí estriba una de sus grandes aportaciones. Se señala, en primer lugar, que en Europa hay un volumen muy importante de liquidez que no se invierte porque no existen alternativas claras, seguras, y aceptablemente rentables. Esta liquidez está colocada hoy día en gran parte en efectivo —monedas y billetes—, depósitos bancarios a corto plazo, e incluso deuda pública. Todo este volumen se podría canalizar hacia las inversiones propuestas si se garantiza la seguridad y se ofrece una rentabilidad aceptable. Y esto puede hacerse estableciendo un Fondo para la recuperación, como una institución europea independiente, directamente controlada por el parlamento europeo y no dependiente ni de la banca ni de los gobiernos nacionales. Dicho fondo recibiría las aportaciones y las invertiría, gestionando también directamente los pagos de intereses.

Otra línea de financiación sería la tasa Robin Hood, o tasa Tobin, aceptada ya por 12 países europeos, aplicada a las transacciones financieras: parece completamente justificado además en este contexto, que quien nos ha traído a la actual situación, la especulación incontrolada de bancos y sistema financiero en general, sea quien contribuya a la solución, al menos algo, y especialmente dado que se niegan a prestar a la economía real, en particular a las pymes.

Finalmente, y aunque esto pueda ser más discutible, proponen un impuesto del 3 % para patrimonios individuales superiores a medio millón de euros, y superiores a un millón para matrimonios —impuesto a los ricos—. Este último punto puede generar mucha más controversia, pero también se admitirá que es el sector de la población que mejor está sorteando la crisis: en España sin ir más lejos, el número de ricos está aumentando mientras que la inmensa mayoría de la población, trabajadores, funcionarios, profesionales —médicos, profesores, jueces, etc.— y clases medias altas y bajas, la están pagando literalmente con sueldos inferiores y mayores impuestos.

Se supone dentro de esta propuesta, también, que la seguridad y rentabilidad garantizadas permitirían una financiación con muy baja prima de riesgo, y que  se generaría un volumen importante de inversión privada atraída por las nuevas oportunidades, etc., en otras palabras: efectos multiplicadores. Es interesante poner números a la propuesta. Utilizando los multiplicadores fiscales de la OCDE y estimaciones del volumen de financiación que podría generar directa e indirectamente dicho Fondo, el PIB europeo podría aumentar rápidamente y estabilizarse en una senda de crecimiento del 3 % sostenible a largo plazo. Además, se generarían de 10 a 11 millones de empleos directos, solo con las inversiones propuestas y en un plazo relativamente corto. También nos permitiría resolver el problema de falta de recursos energéticos y reducir a cero las importaciones de energía, lo que tendría ventajas políticas adicionales incuestionables.

Plan de inversiones

Por otra parte, esto es lo que permitiría abordar definitivamente el problema de las cuentas públicas: más actividad significa mayor recaudación fiscal, menores gastos en la cobertura por desempleo, y menores primas de riesgo. Y con el tiempo, estabilización de la deuda pública y reducción de su volumen. Y aunque esto no esté dentro de la propuesta, parece cada vez más claro que el problema no reside en un «mercado de trabajo inflexible», con muchos privilegios laborales, etc.: las reformas supuestamente liberales introducidas solo han conseguido aumentar el desempleo a niveles insoportables. El problema reside, más bien, por el lado de la demanda de bienes, y el gran freno está en la falta de competencia favorecida por monopolios y oligopolios de todo tipo (reconocido por el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia), que están presentes en absolutamente todo nuestro modelo económico actual, y que nada tiene que ver con la tan falsamente cacareada libertad de mercado y capitalismo competitivo. Para los lectores que conozcan siquiera algo del sistema energético esto no será ninguna novedad, desde luego.

Este plan, sorprendentemente viniendo de los sindicatos, y precisamente alemanes, incide en este punto y de manera muy concreta: el mercado de bienes en general, y la ausencia de demanda. Y no proponen reivindicaciones directamente sindicales, sino un plan de inversiones, especialmente en energías renovables. Y por último, y esta es la aportación más importante, proponen un novedoso sistema de financiación perfectamente factible y detallado.

Políticas cortas de miras

Hay varias reflexiones finales que pueden hacerse. En primer lugar, cada vez hay más voces a favor de las renovables: los países emergentes, especialmente Latinoamérica, Obama y los EE.UU., Arabia Saudí y Oriente Medio, los países del norte y sur de África, y por supuesto la mayoría de los países europeos, y ahora también los sindicatos más poderosos de Europa. En segundo lugar, y si es tan obvio ¿quién o qué lo está impidiendo?, y la respuesta es también clara: monopolios y oligopolios de todo tipo, que se resisten a la competencia con todo tipo de medidas, incluidas presiones directas a los gobiernos que estos en muchos casos aceptan. Pero esta política es similar a la de la austeridad. A corto plazo les permite mantener sus gigantescos beneficios, pero si la sociedad y la economía continúan empobreciéndose, más pronto que tarde no quedarán consumidores que puedan adquirir sus productos y servicios.

Ignacio Mauleón

Desbarajuste energético

DESBARAJUSTE_ENERGETICO

Las últimas semanas han sido pródigas en noticias relacionadas con la energía que muestran no solo los riesgos a los que España se enfrenta sino que, además, constatan la falta de una política sensata que a medio y largo plazo garantice el suministro y consumo energético. Repasémoslas brevemente.

1. Dependemos del gas de países inestables

El ataque a la planta de gas en Argelia prueba nuestra vulnerabilidad. España se abastece del 40 al 45 % del gas que consumimos, vía gas licuado en su mayor parte, y por un gaseoducto directo. Ataques en cadena a diferentes países productores de gas —lo que tampoco es tan difícil dada la inestabilidad política y social de muchos de ellos— pondrían en riesgo nuestro suministro energético en el corto plazo, dada además la escasa capacidad de almacenamiento de que disponemos.

2. El Gobierno rechaza las renovables

Parece obvio que la única vía de sustituir esa dependencia exterior inestable es la producción interna de energía. Pero ¿qué ha hecho nuestro Gobierno? El mismo día que se producía el ataque España demostraba su desinterés por las renovables abandonando su puesto en el consejo de IRENA (Asociación internacional de energía renovable, sita en Abu Dabi), ante la sorpresa general, dado que fue una agencia creada precisamente por Alemania, Dinamarca y España. Además, y en la misma semana, se intentaba hundir aún más a las renovables haciéndolas nuevamente responsables del incremento del déficit de tarifa —de cómo se calcula dicho déficit seguimos sin saber nada—.

3. Apoyamos actividades peligrosas

Dado que el gobierno con el ministro Soria a la cabeza renuncian a las renovables, su política consiste en utilizar vías no convencionales de suministro, haciendo mención expresa del fracking. Aparte del hecho de que esta forma de obtención de gas es altamente contaminante y genera inestabilidad del terreno —hasta CSI Las Vegas le dedicó un capítulo demostrando su relación con enfermedades cancerígenas y terremotos de intensidad media— es un método caro, contaminante como ya hemos dicho, y con una baja EROI (rentabilidad energética, o energía obtenida por energía invertida). Además, ni siquiera se sabe si se va a encontrar.

4. Las comunidades autónomas empiezan a rebelarse

La única noticia buena en todo este despropósito político/económico de la actual Administración es la creciente y cada vez más fuerte oposición desde los gobiernos autonómicos a la política del ministro Soria: El País Vasco y Cantabria se han desmarcado claramente de ella, y comunidades como Extremadura, Murcia, Canarias o Navarra, casi todas gobernadas por el mismo PP o partidos afines, se han decantado en mayor o menor medida por el rechazo expreso al fracking, al nuevo impuesto del 7 %, y por el apoyo a las renovables y el autoconsumo.

Las últimas informaciones aparecidas en los medios la semana pasada sobre corrupción, si bien en un principio parecen desligadas de las anteriores, y unidas a los vasos comunicantes públicos y bien conocidos entre los políticos y las eléctricas, analizadas en cierto detalle pueden explicar mucho de lo expuesto en este post.

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El déficit de tarifa: una contradicción económica

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Quiero partir de un hecho constatado: de todos los que intervenimos en este blog soy el que menos sabe de energía. Mis conocimientos sobre este sector son escasos, aunque trato de suplirlos con una buena dosis de sentido común y algunos conocimientos de economía adquiridos a lo largo de años de estudio. Dejo esto claro porque desde mi perspectiva de economista el tan traído y llevado déficit de tarifa es una contradicción económica de primer orden. Les daré dos razones.

1.

Cuando estudiaba Economía por la década de los ochenta del siglo pasado todos los manuales incorporaban unos sectores que, por definición, debían estar en manos del sector público, ya que presentaban rendimientos crecientes de escala. En estos sectores los costes marginales eran siempre decrecientes (dicho en términos sencillos cada nuevo usuario reduce el coste adicional) y no era posible establecer un precio de equilibrio. Nuevamente y para que se entienda: no hay forma humana de calcular el precio que se debe cargar a los consumidores. Por eso las autoridades debían intervenir y los sectores estaban regulados. El sector energético era uno de los más importantes.

2.

Si definimos los beneficios como la diferencia entre ingresos y costes (de manual), y el déficit de tarifa se genera porque los precios pagados por los consumidores son inferiores a los costes de generación (es decir, los costes son mayores que los ingresos), ¿cómo es posible que las empresas eléctricas repartan año tras año beneficios? Para mí esto es pura magia económica.

Después de analizarlo serenamente todo parece indicar que a la hora de calcular ese déficit de tarifa se emplean criterios cuando menos poco claros y desde luego no económicos. Si a eso añadimos la estrecha relación entre el cártel eléctrico y los poderes políticos, su actuación como grupo de presión contra todo aquello que limite su poder o su mercado —especialmente las renovables, el autoconsumo…—, todo parece indicar que cuando tratamos con las eléctricas no son los criterios económicos los que priman.

A lo mejor no sería mala idea recalcular el déficit de tarifa.

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El coste de las energías renovables: una visión estática y dinámica

Según los dos últimos ministros de energía españoles el elevado coste de las energías renovables justifica la supresión de las primas asignadas a su desarrollo, en contraposición de lo que se está haciendo no solo en la Unión Europea sino en el resto del mundo.

Es decir, que mientras nuestros socios apuestan por las energías renovables, los gobiernos de los dos grandes partidos (PSOE y PP) lo hacen por una política que las condena a su desaparición.

Muchos son los argumentos que se han dado para justificar la necesidad de la investigación y la inversión en energías renovables. Nosotros, desde nuestra perspectiva de economistas, queremos añadir dos más: uno estático y otro dinámico.

El argumento estático: el ‘merit order effect’

La discusión estática se centra en la comparación entre los beneficios que obtienen los consumidores por la utilización de energías renovables y el coste asociado a su uso, en lo que se ha denominado el merit order effect, o empleo de las energías renovables como contrapunto a los picos de demanda energético.

Para comentar cómo funciona utilizaremos un gráfico. Supongamos que la oferta de energía es como la de ese gráfico, de forma que las primeras unidades se producen a coste prácticamente cero (hidráulica, nuclear…) y, a medida que aumenta la producción, el coste por unidad producida aumenta.

Esta oferta se enfrenta a una demanda a corto y medio plazo rígida —la elasticidad es cero, que diríamos los economistas, porque es imposible sustituirla al menos en ese plazo—, dando lugar a unos precios y cantidades de equilibrio que hemos denominado p1 y X1. Es aquí donde entran las renovables, que se introducen a coste cero y permiten situar la producción de la energía convencional y los precios en p2 y X2, siendo la diferencia X1–X2 la cantidad ofrecida por las energías renovables.

La comparación ahora es inmediata: los consumidores han ganado el rectángulo p1p2AB y el coste de la energía renovable será lo que se pague de prima por la cantidad de energía renovable empleada: prima*(X1-X2). Lo único necesario es saber si el ahorro de los consumidores es superior al coste de la producción y en ese caso la utilización de energía renovable es beneficiosa socialmente.

El argumento dinámico

En un trabajo sobre las energías renovables de Yoram Krozer, de la Universidad de Twente (Holanda), se demuestra que el saldo en Europa es positivo; es decir, que las energías renovables producen más beneficios que los gastos que generan. Sin entrar a discutir los datos, la lógica de su argumentación es insoslayable.

1. La energía procedente del petróleo y los combustibles fósiles, no renovables, se está agotando rápidamente.

2. Existen ciclos en los precios del petróleo, pero la tendencia es al crecimiento continuado, dado el agotamiento de sus reservas.

3. Se debería invertir e investigar en energías renovables desde ahora mismo, y no esperar a que el petróleo vaya camino de su agotamiento y, en consecuencia, su precio sea mucho más elevado.

4. Esto permitiría evitar crisis como la de 1973 y la próxima que se nos avecina.

Un simple argumento económico para finalizar. A la hora de valorar cualquier fuente de energía se debería tener en cuenta no su coste actual, sino su coste presente descontado. Es decir, para justificar el uso de una energía u otra debería tenerse en cuenta no solo su precio actual sino el precio de futuros. Y parece evidente que mientras la investigación está reduciendo los costes de las energías renovables, los de las no renovables seguirán creciendo continuadamente.

Claro que eso supondría racionalizar el uso de la energía y tener en cuenta el interés general. Y no parece que los miembros socialistas y del PP de los consejos de administración del duopolio eléctrico estén a favor de defender los intereses de los ciudadanos españoles por encima de los suyos.