Democracia energética ¡ya! (II)

Para disgusto del ‘establishment’ que soporta el status quo eléctrico actual, se ha abierto una nueva posibilidad potencialmente revolucionaria para introducir la competencia y el mercado, disminuyendo incluso el peso impositivo: el autoconsumo y el balance neto, es decir, que pequeñas y medianas unidades puedan ser productoras y consumidoras de energía simultáneamente, incluso vendiendo la energía sobrante, en su caso, a la red general.

Podríamos producir la energía que consumimos, pero…

¿Qué quiere decir esto? Aunque las definiciones precisas son más complicadas, la idea básica es sencilla, y es que, por ejemplo, una vivienda privada puede producir y consumir parte o toda la energía que necesita sin necesidad de adquirirla en la red, y por tanto a las grandes empresas eléctricas. Una combinación de mecanismos de generación de energía que incluyen la fotovoltaica y la minieólica para generar electricidad y aire acondicionado mediante bombas de calor, la geotermal y la biomasa –como en Europa central y del norte– para generar agua caliente y calefacción, e incluso la termosolar, permiten esta solución.

Alarma en las eléctricas

Esto puede sonar demasiado bien para ser cierto, pero lo que ha encendido la luz de alarma entre el status quo es que la tan denostada y perseguida energía fotovoltaica por sus altos precios, debido al esfuerzo, riesgo, e interés mostrado por decenas de miles de inversores mundiales, entre ellos 55.000 familias españolas, ha reducido su coste hasta 11 veces –sí, no es un error, 11–, en los últimos 3 o 4 años.

Esto supone en la práctica que la electricidad generada privadamente es ya más rentable que la pagada a la red –unos 20 céntimos de euro por kWh, y sigue subiendo–. Si además le añadimos el soporte del almacenamiento en pilas, y sobre todo en vehículos híbridos y eléctricos, con el posible apoyo de pequeños microgeneradores alimentados por gas, que cogeneren calor y electricidad —existentes en el mercado hace tiempo—, para resolver posibles desajustes temporales de producción y consumo, estamos a las puertas de la solución.

Hay quien argumenta —¿quizás en un intento desesperado de desacreditar esta opción?—, que solo vale para viviendas unifamiliares, y que prácticamente toda la población española habita en grandes ciudades. Grave error: la aplicación en viviendas es enorme de hecho, y basta con mirar datos de urbanizaciones y comunidades privadas de vecinos.

Pero además hay que tener en cuenta a las pymes en todo tipo de polígonos industriales, a grandes instituciones —ejército, iglesia, ayuntamientos y demás entidades públicas, hospitales, lugares educativos como institutos, colegios, y universidades, etc … —. A juzgar por la experiencia de países como Alemania, esta opción podría llegar a satisfacer cerca del 50% de las necesidades energéticas. Y, desde luego, esta opción no resuelve todos los problemas, pero supone un gran paso en la dirección correcta.

Persecución al autoconsumo

Pero, aunque era de temer, desgraciadamente en cuanto se ha abierto una posibilidad real de crear un mercado verdaderamente competitivo que conlleve la eficiencia, los ataques tampoco se han hecho esperar: la prometida regulación del balance neto se pospone continuamente, y por filtraciones, como ya es habitual, no augura nada positivo; y el autoconsumo, al que tímidamente se le había abierto la puerta, se ha empezado a perseguir, amenazando en algunos casos con multas hasta de 600.00 euros por supuestos incumplimientos de normativas legales.

Finalmente, es triste que se obstaculice una opción que contribuiría significativamente, además, a resolver los problemas generales de la economía española: crearía empleo neto, al substituir empleo de los países de los que importamos energía por empleo nacional, y contribuiría substancialmente a reducir el déficit exterior. Y ello sin necesidad de apoyos ni créditos especiales, pues la fuga masiva de capitales nacionales —varios cientos de miles de millones de euros en los últimos meses, equivalentes a un 20 o 30 % del PIB— paradójicamente destinados a pagar —sí, pagar, por increíble que suene— por el derecho a financiar la deuda de Alemania y Francia —no se olvide los intereses negativos de las últimas emisiones en ambos países—, podrían haberse destinado a esta opción de inversión nacional.

Intereses sospechosos

Pero para ello se requieren varias condiciones: en primer lugar, una regulación del balance neto al menos no discriminatoria; en segundo lugar, restablecer la seguridad jurídica de las inversiones, especialmente las energéticas; y en tercer lugar, despejar las dudas respecto a los posibles condicionantes políticos ejercidos por los grupos de interés energéticos, dada la alta concentración de políticos relevantes entre sus consejeros y demás puestos de alto nivel.

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Democracia energética ¡ya! (I)


La sociedad española tiene muchos déficits democráticos, que vienen desde la transición política a mediados de la década de 1970, algunos muy visibles como el político, y otros que empiezan a serlo, como el bancario, y ahora también el energético.

El origen del déficit de tarifa

Respecto a este último, en 1997 la electricidad se producía y distribuía en 14 monopolios integrados verticalmente —generación, distribución y comercialización—, a los que se obligó a desdoblarse en aplicación de la directiva europea sobre energía. El objetivo de esta directiva era introducir criterios de mercado que se suponía conducirían a la competencia y eficiencia que este trae consigo. Para apoyar esta transición se crearon los llamados Costes de Transición a la Competencia que se emplearon, de hecho, para amortizar anticipadamente las inversiones nucleares, y un mecanismo que es el que ha generado el llamado ‘déficit de tarifa’, para cubrir las posibles pérdidas en un entorno competitivo.

La electricidad sigue pareciéndose a un monopolio

Quince años después, la situación nada tiene que ver con lo deseado: la electricidad está en manos de cuatro grupos, sobre todo de dos, con elevadísima participación extranjera, y los monopolios siguen existiendo, pues las actividades de generación, transporte y distribución, aunque nominalmente divididas en sociedades, están integradas en sociedades matrices, que forman de hecho sociedades únicas. El resto, el petróleo, está controlado por una única sociedad, Repsol.

Además, las empresas eléctricas, no sólo no han incurrido en pérdidas, sino que han obtenido altísimos beneficios, a los que se añade un ‘déficit de tarifa’ generado artificialmente por efecto de la regulación, pero que poco o nada tiene que ver con los costes reales de producir energía.

Los altísimos beneficios de las empresas energéticas

El resultado es que las elevadísimas ayudas públicas recibidas por las empresas energéticas solo han servido para limitar aún más el funcionamiento del mercado, a la vez que les permiten obtener unos altísimos beneficios, incluso en los tiempos de crisis en que vivimos —el tristemente conocido fenómeno de socialización de pérdidas y privatización de beneficios—.

La cuestión ahora, de todas formas, es mirar hacia adelante y pensar en una reforma energética que de una vez introduzca criterios de mercado, competencia, y su eficiencia derivada. Y la siguiente cuestión, claro está, es cómo.

Una posibilidad es mantener el status quo actual, aumentando la competitividad con regulación. Y desde luego, la independencia de la Comisión Nacional de la Energía, y el Tribunal de la Competencia, fueron pasos en la buena dirección, desgraciadamente limitados por el nuevo gobierno.

Por otra parte, es difícil introducir competencia en un mercado en el que, de hecho, el acceso a la condición de productor es casi imposible: no es viable construir una central nuclear sin apoyos públicos masivos debido a su alto coste, y tampoco es fácil obtener la financiación privada adicionalmente necesaria, debido a los altos riesgos económicos de estas inversiones; tampoco es viable entrar en la producción hidráulica, dado que los emplazamientos de grandes presas y embalses están ya prácticamente explotados en su totalidad, además de requerir cuantiosas inversiones, que precisan un amplio respaldo financiero inicial, y una seguridad posterior en los precios de venta de la electricidad.

Y respecto al gas, aunque no requiere inversiones tan altas, es difícil competir con una empresa que ha recibido subvenciones para financiar aproximadamente el 50% del coste de sus instalaciones, como es el caso en España.

Competencia en igualdad de condiciones

En definitiva, esto no es sino otra confirmación de uno de los supuestos básicos de sobra conocidos en el análisis económico: el mercado y la competencia requieren, entre otras condiciones, la participación de numerosos oferentes y demandantes en igualdad de condiciones. Y el alto componente de impuestos cercano al 50% en ambos casos, tanto en el recibo de la electricidad como en los combustibles para transporte —gasoil y gasolina—, dificultan la transparencia y eficiencia de dichos mercados.