No es solo cuestión de petróleo

Que REPSOL abandone las prospecciones petrolíferas en Canarias es una magnífica noticia, pero no podemos estar tranquilos…

Prospecciones en Canarias

Foto: Greenpeace

Esta semana hemos conocido que REPSOL ha decidido abandonar sus prospecciones petrolíferas en Canarias, ya que el hallazgo de gas es insuficiente. Ante esta buena noticia para Canarias, para los que estamos a favor de la preservación del medioambiente y para cualquier ciudadano que defienda la democracia frente a la imposición de las mayorías absolutas, tres consideraciones.

La primera es ¿por qué se realizaron las prospecciones? ¿Tenían el Ministerio que dirige el Sr. Soria y la compañía Repsol alguna información adicional a la del Gobierno canario y la de todos los que le precedieron para creer que en esa zona había petróleo cuando nunca antes se había defendido esa hipótesis? A la vista de los resultados es evidente que no, por lo que la primera conclusión debería ser que los responsables de la concesión del permiso de explotación y de sus costes habrían de dimitir.

La segunda está relacionada con la política energética española. El Ministerio de Soria se ha centrado en la búsqueda a ultranza de fuentes de petróleo —de hecho Repsol tiene la posibilidad de realizar prospecciones en otros territorios españoles, y parece ser que se está planteando hacerlo en el Golfo de Vizcaya— cuando el precio de este ha caído en picado, lo que hace todavía más difícil que las extracciones sean económicamente rentables. Ya lo intentó con el fracking y ahora con las prospecciones enfrente de la costa canaria. Pero eso sí, ha negado, niega y seguirá negando la posibilidad de potenciar las fuentes de energía en las que España tiene una capacidad de producción prácticamente ilimitada: la solar y la maremotriz. En vez de apoyar una política que potencie la investigación en este tipo de energías con el objeto de hacerlas competitivas con el resto de fuentes, el Sr. Soria las rechaza y opta por buscar, donde no hay, energías convencionales. Así no es extraño que algunos piensen que la política energética del Gobierno está dirigida no por los intereses de los españoles, sino por los de aquellos que facilitarán a los políticos un sillón en el consejo de administración en cuanto dejen el cargo.

Una acción antisocial

Finalmente, las prospecciones de Repsol y la actitud prepotente del Sr. Soria y su Gobierno han supuesto una malísima campaña de marketing. Para Repsol porque le va a costar desligar su imagen de una acción que no solo no le ha resultado rentable —lo que desde el punto de vista accionarial no dice mucho de sus directivos—, sino, sobre todo, porque aparece unido a una acción antisocial, en contra de lo manifestado por la inmensa mayoría de los canarios. Para el Gobierno y el PP porque han demostrado su verdadero talante y lo poco que les importan la opinión de los españoles y los efectos de su política sobre ellos: los canarios, su Gobierno y los movimientos sociales han puesto de manifiesto claramente su oposición —solicitando un referéndum al que se opuso, lo que nuevamente es una “gran acción” de marketing—; tampoco pareció importarles destruir la principal fuente de riqueza y empleo de Canarias, el turismo.

Repsol podrá corregir su error con campañas de marketing que la unan a la defensa del medioambiente, e incluso con el patrocinio de actividades deportivo/turísticas en Canarias. Pero el Gobierno difícilmente podrá hacer olvidar su actitud. Mal negocio económico, pero especialmente de marketing social.

José Luis Calvo UNED

El ‘fracking’: ni seguro ni barato

El fracking es una estrategia energética basada en la explotación de combustibles fósiles, contaminantes y finitos, que puede generar graves desequilibrios políticos y económicos en el mundo.

Fracking

Aunque personalmente creo que casi todo está dicho, de nuevo el fracking parece resurgir en el debate energético. En un reciente post, un articulista favorable en general a las renovables apoya esta técnica, y menciona explícitamente un comentario que hice a su entrada. Por eso vuelvo sobre ello, aunque ya se ha comentado extensamente en posts anteriores de este blog.

Probablemente la manera correcta de abordar la discusión sobre el fracking es empezar por el principio, es decir, un planteamiento general del problema. Y este es, sencillamente, que esta técnica no es más que la última apuesta de una estrategia energética basada en la explotación de combustibles fósiles, contaminantes y finitos por definición. Y que además pueden generar –y han generado como es bien sabido–, graves desequilibrios políticos y económicos en el mundo.

Pero vayamos a algunos detalles para concluir con un argumento que considero incuestionable: la eficacia económica.

Empecemos por los riesgos

La discusión parece ser inacabable, pero los riesgos son precisamente eso, riesgos, y por tanto desconocidos y no previsibles por definición. Quienes los minimizan suelen argumentar que «si se practica con las debidas precauciones…», etc. Lo mismo se dice de la nuclear y ya hemos visto históricamente qué ha ocurrido. Y al hablar de riesgos nos referimos como mínimo a contaminación ambiental, terremotos, y daños a la salud.

Sigamos con aspectos económicos

Se argumenta que el fracking «es competitivo». No sé muy bien a qué se refieren, porque como expongo enseguida hay opciones mucho más eficientes. También se argumenta que puesto que el gas se encontraría dentro del país nos liberaría de la dependencia extranjera. No se puede evitar sonreír ante semejante argumento: el fracking lo van a implementar, en su caso, empresas petrolíferas, que son las que disponen de la tecnología, y o bien son directamente extranjeras –norteamericanas y canadienses en particular–, o están en manos de extranjeros: resultado, las ganancias irán al exterior, de modo que nuestra balanza de pagos se resentirá igualmente que si comprásemos el gas fuera.

Y por último, que el fracking crea empleo. Pero ¿qué clase de empleo? Para aplicar esta técnica se requiere personal muy especializado que no existe en España, de modo que habría que buscarlo en el exterior. El empleo que podría crear sería similar a parte de lo que crea el turismo: camareros, limpiadoras, etc., nada especialmente estable.

Pero, admitamos for the sake of the argument, si se me permite la pedantería, o por hacer de abogado del diablo:

  1. que el deterioro del clima es una invención perversa de ecologistas con oscuras intenciones
  2. que los riesgos del fracking no existen o no están claros, y en todo caso que se pueden controlar
  3. que efectivamente hay mucho gas de esquistos en España.

No cabe duda de que las tres condiciones, por separado, y mucho más en conjunto, es difícilmente creíble que se den. Pero sigamos.

Apostemos por la fotovoltaica

El talón de Aquiles de toda esta argumentación, para los escépticos, es que hoy día hay ya energías renovables mucho más baratas: la fotovoltaica sin ir más lejos, y cada vez lo es más, y además nos da independencia energética, crea empleo muy cualificado, y permitiría a los autoproductores dedicar sus ahorros a otros usos. El binomio despliegue-reducción de costes, es un círculo virtuoso que está dando un resultado espectacular: hoy, ya, 1/2 € el w no es raro, y la caída sigue; por eso tampoco es correcto anteponer la i+D+i al despliegue, estando comprobado además que va paralela al despliegue, y que se desarrolla por las propias empresas. Y lo mismo con la investigación sobre eficiencia.

Para comprobar lo anterior propongo una alternativa: que supriman los pagos por capacidad de las centrales de gas, que devuelvan las enormes subvenciones a las CCC –30 o 40 % en algunos casos de los costes de construcción–, y que asuman con pólizas de seguro privadas a precios de mercado por tanto todos los riesgos que puedan generarse —no como las nucleares que sólo pagan una parte—. Y paralelamente, que se permita el autoconsumo FV con una legislación razonable sobre balance neto, y en particular, que se elimine la persecución gubernamental y las multas. Y por supuesto que se concedan todos los permisos que se soliciten para construir megaparques FV, lo mismo que se conceden permisos de exploración para búsqueda de gas.

Esto pondría ambas técnicas en condiciones de igualdad de oportunidades por así decirlo, es decir, libre mercado. Lo demás es el abuso habitual de los grandes monopolios energéticos, que ni siquiera son nacionales tampoco, pues están todos de una manera u otra en manos extranjeras.

Por último, hay otros argumentos más sutiles, como que se reducen las emisiones de CO2: si se sustituye por carbón desde luego, pero no es el caso en España, pues el carbón no es muy relevante, aunque sí en USA.

¿‘Fracking’ o renovables?

Pero si la opción es invertir en fracking o en renovables, está claro que las renovables son mejores, pues no emiten nada ¿o tampoco así se admite la superioridad renovable?

Y decir que es una energía de transición… Es cierto que esto lo defienden algunos grupos ecologistas como energía de acompañamiento hacia un mundo 100 % renovable. Pero eso podría aplicarse al gas importado que ya está disponible directamente, y no a un hipotético gas que como pronto empezaría a estar disponible dentro de 3 o más años, con suerte.

Por último, que sea una energía de acompañamiento y transición, y aunque entraña riesgos evidentes, podría admitirse siempre que que, 1) no suponga desviar recursos de ninguna inversión renovable, y, 2) que ayude a reducir emisiones de CO2.

Ignacio Mauleón

Acordarse de Santa Bárbara cuando truena

Las alarmas se disparan siempre ante la inestabilidad política en los países suministradores de petróleo y gas, pero solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena…

Gas o energías renovables

La escalada de tensión en Iraq, con la consiguiente inestabilidad del mercado del petróleo y aumento inmediato en su precio, otra vez ha disparado todas las alarmas. Si a esto le añadimos la crisis de Ucrania con su amenaza sobre el gas ruso suministrado a Europa, la alarma es todavía mayor. Y aunque algún país como EEUU haya conseguido independizarse relativamente del petróleo del Medio Oriente substituyéndolo por petróleo mejicano y canadiense, no es esta la situación de Europa, fuertemente dependiente de Oriente Medio.

Intereses que ocultan la solución

Ante esto los ojos se vuelven inevitablemente, una vez más, hacia las renovables. Pero de nuevo topamos con los intereses de los grandes grupos energéticos basados en las energías fósiles y nucleares, y en la explotación de mercados cautivos defendidos a ultranza con presiones políticas de todo tipo. Y nos encontramos, una vez más, con la monserga mediática habitual en contra de las renovables: que si son caras, que si suben el precio de la electricidad, que si generan energía inestable, etc.

Un añadido reciente a esta reatahíla es que la pérdida de competitividad europea se debe a la apuesta por las renovables para combatir el cambio climático. Curioso, pues esa supuesta pérdida, en todo caso se basa en la fortaleza del euro, que tampoco ha impedido que las exportaciones alemanas sigan aumentando notablemente, e incluso las españolas.

Los beneficios de las eléctricas, intocables

Pero esta vez la joya la ha puesto J. M. Soria, a la sazón ministro de Industria. En un reciente artículo en El País —edición papel y para suscriptores—, afirmaba que la lucha contra el cambio climático no es sostenible si económicamente no es viable. Pero resulta que las renovables, el instrumento clave en esta batalla, son ya enormemente rentables a corto plazo, incluso excluyendo sus ventajas sobre el cambio climático. Por repetir argumentos archiconocidos: generan empleo directo e indirecto y de alta calidad, reducen el déficit exterior, aumentan la independencia energética, disminuyen la incertidumbre de los precios de la energía fósil, rebajan el precio de la electricidad y un largo etcétera. Pero, ¡ay!, tienen un problema insoluble: atacan la base de los inmensos beneficios de las compañías energéticas tradicionales: ¿por qué sino un decreto sobre el autoconsumo, al que no solo priva de derechos elementales de participación en la red de distribución, sino que lo criminaliza con amenazas de multas millonarias?

Y por último, ¿es que algún economista serio puede discutir el enorme coste puramente económico que está teniendo ya el cambio climático, en forma de variabilidad del tiempo y acontecimientos meteorológicos extremos —inundaciones, sequías pertinaces, ciclones, etc.—, con las consiguientes pérdidas humanas, de cosechas, destrucción de infraestructuras, cortes en el suministro de la electricidad, etc.?

Ignacio Mauleón

Apuntes para una reforma eléctrica

Medidas que se deberían tomar para reformar el sector eléctrico de acuerdo con el creciente clamor social.

Reforma eléctrica

Después de innumerables parches, entre los cuales la última reforma eléctrica es otro más, el equipo actual al frente de Industria solo ha conseguido aumentar la confusión y el conflicto. Baste con recordar el episodio de la subasta de final de diciembre que fue anulada por el ministro. Parece poco probable, por tanto, que este equipo consiga resolver el problema, y conviene ir diseñando una hoja de ruta de lo que podría ser una verdadera reforma. En todo caso, hay que coincidir con especialistas del sector en que no queda otra solución que eliminar toda la legislación existente y empezar de cero.

El estado de la situación

El diagnóstico del problema es bien conocido: dependencia exterior que ronda el 90 % incluyendo el combustible nuclear, falta total de competencia y libre mercado en todos los ámbitos, con un sector dominado casi totalmente por un oligopolio en manos de multinacionales extranjeras, y que obtiene unos beneficios fabulosos en promedio el doble que en Europa, imbricación muy estrecha de las compañías eléctricas con los poderes del estado, una electricidad cara, una supuesta deuda de la sociedad con las eléctricas denominada ‘déficit de tarifa’, y un recibo de la luz difícil de entender intencionadamente, que incluye diversos costes y pagos poco conocidos como la pagos por ‘respaldo’ que no se usan, el coste de las subvenciones a las centrales de gas que no funcionan, los pagos por interrumpibilidad que llevan 5 años sin necesitarse, y la única parte conocida y que se publicita sin cesar por el oligopolio: las primas a las renovables. Además, una sobreinversión desmedida en centrales de gas que no son necesarias, exclusivamente achacable a un mayúsculo error de gestión del oligopolio, unas centrales hidroeléctricas y nucleares totalmente amortizadas y que se calcula que obtienen rentabilidades de 2 o 3 por uno en el caso de las nucleares, y que pueden llegar hasta 20 por 1 en las hidráulicas, y una fotovoltaica que ya es rentable y solo necesita que no se la frene legalmente.

Algunas propuestas fundamentales

1. Eliminar nucleares e hidráulicas del sistema de subastas, y remunerarlas con la misma rentabilidad que se dice razonable, para las renovables, o sistema equivalente. Algo similar se hace, por ejemplo, en el Reino Unido. Esto permitiría un descenso inmediato del coste de la electricidad para el consumidor final, a la vez que reduciría muy considerablemente el riesgo de generación del déficit de tarifa, pues los costes de distribuidoras y comercializadoras caerían radicalmente. Los beneficios del oligopolio descenderían, sin duda, pero no supondría ningún peligro dado que en la actualidad su rentabilidad casi dobla la europea.

2. Cambio radical del entramado institucional de las grandes compañías eléctricas. Una posibilidad, amparada por el art. 128 de la Constitución, es la intervención directa, o incluso la nacionalización, conveniente y justamente compensada, naturalmente (no olvidemos que esta medida, por radical que parezca, se ha aplicado con cierta frecuencia en el sistema bancario). Sin embargo, esta solución extrema puede y debe intentar evitarse, para acercarnos a un sistema verdaderamente competitivo y de libre mercado que pueda introducir eficiencia a todos los niveles.

Por otra parte, no existe ninguna razón económica que justifique la existencia de economías de escala en los grandes conglomerados energéticos, y por ende la nacionalización: ¿qué tiene que ver una nuclear con una central de ciclo combinado, o con una hidráulica?, y ¿cuál es la relación entre estas dos últimas?; ¿por qué dos centrales hidraúlicas o de otro tipo son más eficientes que una?

La única razón por la cual existen los grandes conglomerados energéticos actuales es política, y concretamente deriva del interés en crear grupos empresariales favorables y devolver favores prestados. Gabriel Tortella ofrece una interesante exposición histórica de esta cuestión desde la guerra civil del siglo pasado, y también considera la nacionalización como opción; varios países europeos la adoptaron, o estaba en vigor a mediados del siglo pasado.

La solución sería por, tanto, reducir la concentración de la oferta actualmente en pocas manos, y hay medios legales suficientes para hacerlo. Lo mejor, desde luego, sería una solución pactada.

Y tampoco debe olvidarse la actual concentración vertical en el mercado de energía, en el que suministradores y oferentes coinciden, de hecho, a través de empresas solo aparentemente distintas. Esta divisón entre oferentes y demandantes debe ser real, y la situación actual radicalmente cambiada

3. Otro conjunto de medidas de carácter más institucional, pero igualmente necesarias.

En primer lugar acabar con el ‘déficit de tarifa’, algo a lo que la primera medida contribuiría decisivamente, una quita, pues es altamente discutible su legitimidad, y desde luego eliminar la legislación perversa que permite su aparición (esto requeriría una liberalización completa de la distribución y comercialización, claro está). La legalidad y justificación de dicho déficit está puesta además en cuestión por un nutrido grupo de expertos, todos ellos han ocupado cargos de responsabilidad en el sistema eléctrico.

Devolución del exceso de Costes de Transición a la Competencia, que fueron cobrados indebidamente y nadie reclamó. Asimismo, los denominados peajes se pueden y deben reducir, simplificándolos en primer lugar; los pagos por interrumpibilidad y respaldo solo deben incluirse si efectivamente esos servicios se utilizan; las subvenciones a las centrales de gas deben desaparecer; las primas a las renovables se deben acompasar a los incrementos de eficiencia del mercado, y de paso, los costes extrapeninsulares se pueden disminuir con facilidad permitiendo el desarrollo de energías renovables en las islas, mucho más baratas que el actual sistema basado en combustibles fósiles.

Finalmente, aunque no menos importante, la legalidad que se ha quebrado completamente para las renovables debe restablecerse de inmediato: esto es de justicia, además de que es imprescindible para ayudar a mejorar la maltrecha imagen internacional de la seguridad jurídica para las inversiones, y en general para cualquier tipo de emprendimiento económico.

Propuestas complementarias

Un segundo conjunto de medidas, no menos importantes, pero probablemente más conocidas, y que se incluyen aquí al objeto de ir avanzando colectivamente hacia un panorama global de la reforma necesaria son las siguientes:

1. Restablecer de inmediato la posibilidad de expansión de las renovables, y muy en particular el autoconsumo fotovoltaico, tanto para consumidores finales, incluyendo la edificación en general, y grandes instituciones públicas y privadas como hospitales, instituciones educativas, ayuntamientos y edificaciones del Estado, como para pequeñas y medianas empresas. Esto permitiría introducir, además, competencia en el mercado, ahorraría en inversión en redes eléctricas, etc.

2. Dentro del apoyo a las renovables, favorecer la minihidráulica y la biomasa. Especialmente esta última es una energía útil de respaldo a las renovables, además de que revitalizaría los sectores agrícola y forestal.

3. Favorecer la expansión de los vehículos híbridos y eléctricos a todos los niveles, pero alimentados con electricidad renovable, proveniente especialmente del autoconsumo.

4. Apoyar la regeneración energética de edificios, fundamentalmente eliminando trabas administrativas y acompasándonos a la legislación europea en esta materia.

5. Aumentar las interconexiones con países limítrofes, especialmente Francia y Portugal, que además de estar obligado de cara a la formación del mercado europeo de la electricidad, sería altamente beneficioso para la penetración de las renovables, y en un futuro próximo nos permitiría ser exportadores de energía solar. Y en este contexto, aumentar las conexiones también con el norte de África.

6. Permitir y favorecer que las centrales de ciclo combinado se desmonten y se instalen en otros países, siempre que devuelvan las subvenciones concedidas, claro está. Y por supuesto, nada de hibernación pagada por los consumidores, otra vez a través de los peajes

Un futuro próximo

Y seguro que hay más, pero estas medidas son un pequeño resumen a vuela pluma, de las que gran parte de la sociedad está ya demandando. Quizás las más novedosas sean la 1 y la 2; pero entrados en materia, hemos visto la oportunidad para sistematizar unas cuantas adicionales, unas más conocidas que otras, pero con matices importantes. El conjunto de medidas incluidas en el apartado 3 también son más o menos conocidas, aunque de nuevo algunas de ellas muy poco, debido a la confusión intencionada en el término peajes del sistema. Y como siempre, este pequeño esquema-aportación, se ha planteado pensando en un futuro próximo que debemos ir perfilando para dentro de no mucho tiempo, si nada se tuerce irremediable y poco probablemente.

Ignacio Mauleón

Demasiado gas

La mala gestión del oligopolio eléctrico llevó a una sobreinversión en centrales de gas, un error que estamos pagando todos. 

Centrales de gas

Uno de los aspectos más notables de la actual crisis energética es el funcionamiento al 10 % de las centrales eléctricas de gas, de lo cual se quejan amargamente sus propietarias, las grandes eléctricas (‘Mucho gas para tan poca luz‘).

Solo esto debería estar ocasionando graves pérdidas a dichas compañías, de modo que la queja parece justificada. Aparentemente. Para analizarlo en detalle vayamos al origen.

A principios de este siglo y amparándose en el considerable crecimiento económico de España como resultado de la burbuja inmobiliaria, se consideró al gas natural como una opción energética conveniente: menos contaminante que el carbón, más barato, y cuyas centrales de generación eléctrica se constuyen en plazos cortos —de 6 a 12 meses— y sin grandes costes por comparación a otras centrales.

Si a esto se añade una financiación barata y abundante, y fuertes incentivos estatales que permitían recuperar hasta un 30 o 40 % de la inversión, la explosión inversora estaba servida, como así ocurrió efectivamente. Dicho sea de paso, las subvenciones están contabilizadas dentro del término de los costes fijos del recibo eléctrico, los denominados peajes, que pagamos todos los consumidores. En pleno estallido de la crisis y hasta muy recientemente –casi hasta 2011– se siguieron instalando centrales de ciclo combinado por un importe total de unos 15 mil millones de euros, y con una potencia de 27 gigawatios, que resulta en 0,55 euros por watio instalado. Conviene señalar que hoy día el precio de los paneles fotovoltaicos ronda esa cifra y que el combustible, el sol, es gratis, por comparación al gas que hay que pagarlo: en otras palabras, se mire como se mire, la fotovoltaica es hoy por hoy mucho más barata que el gas.

Persecución a las renovables

El estallido de una crisis que dura ya 5 años, y se prevé que dure varios más, ha reducido la demanda de electricidad, y con ella las operaciones del conjunto de estas centrales al 10 % aproximado de su potencia instalada, ante lo cual las empresas propietarias han reaccionando culpando a las renovables de ser el compendio de los males de todo el sistema energético, y consiguiendo que gobiernos de diversa índole las hayan sometido a una persecución inmisericorde.

Los supuestos argumentos son bien conocidos: las renovables necesitan el respaldo del gas, son muy caras, y en definitiva son un lujo innecesario (el problema del supuesto respaldo se analizará en detalle en un próximo post).

Sin entrar en una disección detallada del sistema energético español, estas afirmaciones acerca de las grandes pérdidas en las que están incurriendo a causa del gas chocan con los altísimos beneficios obtenidos por el oligopolio, que este año alcanzarán unos 12 mil millones de euros, a los que habría que añadir el supuesto préstamo que hacen a la sociedad de otros 5 mil millones, a través del denominado déficit de tarifa, que recoge unos costes nominales no retribuidos, y que según el oligopolio son reales. En total, unos 17 mil millones, aproximadamente un 1,7 % del PIB español que obtienen las multinacionales del oligopolio, cuatro de ellas extranjeras, y otra dominada por el emirato de Catar.

Pocas dudas caben hoy de que la crisis era previsible ya en 2008, como muchos economistas lo venían advirtiendo, pues el crecimiento exagerado de España se basaba en pilares poco firmes y con signos evidentes de no sostenibilidad: la burbuja inmobiliaria, que entre otras cosas generó el fuerte déficit externo con el consiguiente endeudamiento, fundamentalmente con bancos alemanes y franceses. Y dentro de esta burbuja se generaron otras, como es precisamente la extraordinaria sobreinversión en centrales de gas, burbuja que entre otras cosas nos obliga a invertir en almacenamientos subterráneos a precios disparatados e inseguros, y a participar en infraestructuras faraónicas, como el gasoducto del Magreb.

Un problema de mala gestión

El problema con el oligopolio eléctrico, por las razones antedichas, es simplemente de una mala gestión, que ahora quieren hacer pagar a los consumidores y pequeños y medianos empresarios.

Este oligopolio, de hecho, está estrechamente imbricado con el Estado –las puertas giratorias–, y su negocio está siempre basado en sustanciosas subvenciones más o menos encubiertas como en el caso del gas, y en ejercer su poder quasi monopolístico frente a un modelo de capitalismo eficiente y competitivo: la misma Comisión Nacional de los Mercados, aunque ha retirado la acusación de manipulación de la última subasta que fija el precio al consumidor para el trimestre próximo, ha sugerido que hubo movimientos extraños, y retiradas de capacidad ofrecida no justificadas. En román paladino: manipulación del mercado.

Y si todo falla, siempre está de nuevo el recurso a papá Estado para culpar a los demás –las renovables en particular–, y exigir compensaciones por lo que no son otra cosa que sus errores de gestión: pretenden, por ejemplo, hibernar sus centrales de gas, y que esos costes sean financiados, aumentando, de nuevo, el recibo de la luz a través de los peajes, ni más ni menos.

Este comportamiento es bien conocido en economía, de acuerdo al cual grandes empresas se arriesgan mas de lo debido, y si el riesgo se materializa negativamente, se recurre al apoyo del Estado, pues se trata de empresas demasiado grandes para caer –moral hazard; a la banca se le suele acusar de practicarlo–. Más aún, si aparecen competidores más eficientes en el mercado, se busca el apoyo del Estado para que directamente prohíba su actividad o la haga inviable, como es el caso del autoconsumo fotovoltaico.

El oligopolio eléctrico no es competitivo ni eficiente

El análisis presentado en este post es necesariamente incompleto, pero permite extraer algunas conclusiones inmediatas. La primera es que el oligopolio eléctrico ni funciona en régimen de libre competencia, pues está fuertemente apoyado por el Estado, ni tampoco es competitivo ni eficiente desde una perspectiva liberal-capitalista. La respuesta es que, además de otras medidas, hay que modificar este sistema, pues la liberalización a medias no ha funcionado, y la mejor solución en el plano institucional sería introducir competitividad troceando las grandes empresas.

No existe ninguna razón económica que justifique la supuesta eficiencia de los grandes conglomerados actualmente existentes, y en particular no están justificados por presuntas economías de escala –a mayor tamaño más eficiencia–: dos centrales nucleares no son más eficientes que una, y una más una central hidráulica tampoco son más eficientes que por separado. Y afortunadamente, pues si así fuera la única opción justificable económicamente sería directamente la nacionalización.

Pero lo que está fuera de toda duda es que el actual sistema de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas es hoy, con la crisis que estamos padeciendo, más inaceptable que nunca.

La segunda conclusión es que los actuales gestores de las empresas del oligopolio han mostrado una manifiesta incapacidad de gestión en un entorno de capitalismo libre y competitivo, y sus accionistas deberían considerar seriamente sustituirlos. Esto sería positivo, tanto para ellos como para toda la sociedad.

Y finalmente, no se trata de mucho gas para tan poca luz, sino, simplemente, de demasiado gas y pocas renovables (las ventajas y necesidad de las renovables ya han sido analizadas en detalle en este mismo blog, y en numerosísimas publicaciones de otros autores).

Ignacio Mauleón

Cástor, Fukushima y el informe del IPCC

La solución renovable es posible, pero los fuertes intereses continúan poniendo en peligro la economía, la seguridad y el futuro. Por eso existe Cástor o Fukushima.

Cambio climático y energias renovables

El reciente fiasco del proyecto de almacenamiento de gas en el depósito subterráneo Cástor, está revelando mucho más de lo que pudiera parecer. En primer lugar, que la apuesta de España comenzada por el PSOE y mantenida por el PP, por convertirse en un importador-consumidor-exportador de gas, tiene un fallo gravísimo que nunca se ha querido reconocer: el almacenamiento. Y si esto no es posible, ¿dónde queda la seguridad en el suministro?, ¿y el supuesto respaldo a la intermitencia de las renovables?, ¿qué ocurre si Argelia, país que nos suministra cerca del 50% del gas que importamos, estalla socialmente? Esta última posibilidad es más que real: dominados por un régimen militar dictatorial, presionados por el terrorismo islamista, uno de cuyos objetivos prioritarios reconocidos por ellos es precisamente España, y rodeados por países muy inestables (Libia, Egipto, Túnez… ).

Un segundo aspecto puesto de relieve es que almacenar gas a presión en antiguos pozos de petróleo, o minas abandonadas, en definitiva yacimientos bajo tierra, es enormemente inseguro, y puede provocar seísmos y hasta explosiones. Pero esto, a su vez, implica dos cosas más: 1) la técnica de ‘fracturación hidráulica’ o ‘fracking’, es enormemente arriesgada, pues precisamente se basa en inyectar agua a alta presión con componentes químicos nunca del todo aclarados, y que se sospecha que pueden incluir hasta residuos radioactivos, y, 2) todas las técnicas de recuperación y almacenamiento de carbono, que supuestamente nos permitirían seguir ‘quemando’ combustibles fósiles, aparte de sus enormes costes económicos, presentan un enorme riesgo inesperado que las pone definitivamente en cuestión.

Un panorama alarmante

Si a todo esto añadimos el desastre nuclear de Fukushima, cuya peligrosidad no hace sino aumentar varios años después, y el último informe del IPCC (organismo mundial para estudiar el cambio climático), en el que alertan de que las previsiones han empeorado sustancialmente respecto al análisis presentado hace unos años, el panorama energético empieza a ser alarmante por momentos. En resumen, no podemos apostar ni por el gas ni por la nuclear, y si seguimos quemando carbón y petróleo, la alternativa es aprovechar precisamente el cambio climático para explotar los recursos del Ártico accesibles con el deshielo, y quemar todavía más petróleo (la estrategia de Rusia). Es decir, directos a un panorama con suerte incierto, y muy probablemente catastrófico —el clima no negocia—.

¿Y qué decir de España que no se haya dicho ya? Quizá se pueda añadir que estamos persiguiendo y sustituyendo las renovables, especialmente la solar, y apostando por el gas, comprando por ejemplo el 30% de nuestro suministro a través de una multinacional hispano-catarí al emirato de Catar. ¿Y qué hacen los emiratos árabes con todos estos capitales? Estimado lector, probablemente ya lo has adivinado: invertir masivamente en renovables.

Y siguiendo con España y aunque se trate de una cuestión colateral, el Tribunal Supremo acaba de confirmar que el Estado debe mantener la indemnización de 1.700 millones de euros a le empresa que promueve Cástor si finalmente el proyecto se aparca, tal como estaba estipulado en el contrato firmado en su día. Detrás de esta empresa aparece el nombre de una poderosa constructora, y también un poderosísimo empresario español. Y, ciertamente, parece que la indemnización debería pagarse, pero esto no cuadra del todo con las decenas de miles de reclamaciones presentadas en diversos tribunales españoles por inversores nacionales e internacionales, todas sistemáticamente rechazadas, basándose en disquisiciones inverosímiles acerca del sencillísimo concepto de retroactividad, y literalmente inventándose una supuesta rentabilidad razonable, que está muy por debajo de la evaluación internacional del 10% después de impuestos y de inflación (véanse, por ejemplo, los informes sobre costes renovables de IRENA, los del World Energy Council, o los del Fraunhofer Institute).

Sí hay salida

Finalmente, lo más dramático de esta situación es que hay salida, como se ha puesto de manifiesto en numerosos informes desde hace ya dos o tres años: la solución renovable. Y ya a estas alturas todos, los que estamos a favor y los que se oponen, sabemos por qué no se sigue en algunos países esa vía. Pero, admitámoslo, los grandes cambios económicos y sociales en la historia de la humanidad siempre se han producido con fuertes convulsiones, que desgraciadamente muchas veces han traído consecuencias dramáticas. Esperemos que en esta ocasión surjan líderes capaces de superar el cortoplacismo y facilitar una transición lo más ordenada y pacífica posible.

Ignacio Mauleón

Autoconsumo: una regulación imPopular contra los intereses de España

La política energética del Gobierno está diseñada para defender los intereses de determinados grupos eléctricos y en contra de los intereses generales de España y sus ciudadanos.

Gobierno contra renovables

Imagínese que vive usted en un pueblo típico de la costa española con un sol y una playa magníficos. La lógica dicta que una buena opción sería dedicarse al turismo y la pesca. Pero el alcalde tiene otra idea: decide que cierra todas las playas, echa brea en ellas y exige que todos vistan de traje (a ser posible negro). Y para rizar el rizo solo hay una sastrería, la de un amigo del alcalde, y este obliga a todos a que paguen parte de los costes de instalación del sastre, vayan a hacerse el traje allí o a aprovechen uno que tenían en el armario cogiendo polvo. Pues algo muy similar es lo que ha hecho el actual gobierno impopular con el Real Decreto 1611/2011 que cercena el autoconsumo.

No voy a detenerme en los múltiples extravíos de ese RD que, en contra de lo que está sucediendo en todo el mundo y muy especialmente en la UE, trata de eliminar la posibilidad de que los españoles produzcan y consuman su propia energía, sin estar supeditados a los intereses y precios del oligopolio eléctrico. Un fantástico análisis se puede encontrar en el magnífico artículo de Antonio Barrero sobre el autoconsumo (nº 124 de Energías Renovables). Si bien no puedo dejar de citar el aberrante peaje de respaldo, que obliga a los productores/consumidores a pagar por una red eléctrica que no utilizan. Porque lo relevante que quiero señalar en este post es que esta política energética está diseñada en defensa de los intereses de determinados grupos eléctricos y en contra de los intereses generales de España y sus ciudadanos. Les daré tres argumentos.

Ataque descarado a las energías alternativas

En primer lugar, hay que destacar no ya solo la renuncia, sino el ataque descarado del ministerio de Soria a las energías alternativas, sobre todo la fotovoltaica, a las que desde su llegada ha ido poniendo trabas continuadas. Dado el potencial que tiene nuestro país en ese tipo de energías no solo no debería ir en contra de su desarrollo sino que el Gobierno debería fomentar la investigación en ellas y su implantación. Como señala Jordi Serrano, responsable de ventas de REC en España y Portugal, «…la energía solar para autoconsumo es un modelo especialmente atractivo en España por los bajos costes de los sistemas FV y los altos niveles de radiación solar».

A ello hay que sumar nuestra dependencia exterior de las energías convencionales, de las que importamos la práctica totalidad, por lo que un avance en las energías limpias y producidas en España permitiría mejorar nuestra balanza de pagos y el medioambiente. Lo dicho, no solo no atacarlas sino fomentar su investigación —si es que el Gobierno impopular recuerda a qué corresponde el acrónimo I+D— y su utilización es lo que defiende los intereses de España entendida como un colectivo de ciudadanos/consumidores.

Defensa de los ‘derechos históricos de las Eléctricas’

En segundo lugar la defensa cerrada que el ministro Soria hace de los intereses del oligopolio eléctrico, que ni siquiera se puede justificar en la protección de una empresa nacional, ya que el mayor accionista de Iberdrola es un fondo soberano catarí. Sorprende además que un equipo económico asentado en la más estricta tradición neoclásica/neoconservadora en la que el elemento fundamental de su ADN es la competencia, limite esta para proteger algo contra lo que —al menos teóricamente— han prometido luchar denodadamente: el poder de mercado. Aunque en este caso una clara justificación la podemos encontrar en las palabras de Fernando Romero, gerente de EDF Solar, cuando afirma que la política del Gobierno trata de proteger «los derechos históricos de las Eléctricas, que llevan operando en el país varias décadas, financiando campañas electorales, a partidos y siendo lugar de jubilación de exministros. Estos intereses, puramente privados, con ánimo de lucro, manejan a sus anchas los reales decretos que condicionan a un país». Simplemente repasemos los Consejos de Administración del oligopolio eléctrico y veremos el porqué del RD y la falta de crítica del PSOE. Nueva conclusión: se protegen los intereses de un oligopolio en contra de los del resto de los españoles.

Si quisieran, podrían crear empleo

Por último, la inconsistencia de esta política energética con el apoyo a las pymes y emprendedores con los que se llenan la boca los políticos impopulares. El autoconsumo permitiría acceder a este tipo de empresas a la generación de energía eléctrica, lo que supondría un ahorro en costes importantes así como una mejora en la gestión de dicha energía al ser de generación propia. Además, el desarrollo de este sector, basado en pequeñas instalaciones, es un caldo de cultivo idóneo para emprendedores y empresas de reducido tamaño. Dicho en román paladino: el autoconsumo supone la potenciación de las pymes y emprendedores y la creación de empleo (algo que creíamos estaba en el programa electoral del PP).

En definitiva, el RD 1611/2011 es un clavo más en el ataúd que con gran insistencia está fabricando el gobierno impopular para las energías limpias en España. Pero no es solo eso: es un ataque contra los intereses de todos los españoles y nuestro futuro. Ante esto esperemos que, como nuevamente dice Fernando Romero: «…estamos ante un cambio energético a nivel mundial, ante una nueva filosofía que ellos no van a poder cambiar ni mucho menos detener o anular…». ¡Qué ganas tengo de que se acabe esta legislatura!

José Luis Calvo