De primos, primas y la fotovoltaica…

En España se han recortado las posibilidades de instalar más fotovoltaica y los derechos de los inversores.

Primas y fotovoltaica

Un tiempo atrás apareció un artículo en un medio digital con el sugerente título «Los primos con las primas». Nada más leer el titular se intuía de qué se trataba: los inversores en fotovoltaica son unos especuladores «cazaprimas» aprovechados, que toda la sociedad está pagando.

El artículo no es nada más que otro eslabón en la cadena de intoxicaciones interesadas que se vienen lanzando contra la FV desde 2010: por ejemplo, que se producía de noche acoplando grupos electrógenos de gasoil, lo que fue desmentido rotundamente por las inspecciones y reconocido por la CNE, pero no publicitado en los medios; que es la causa del «déficit de tarifa», cuando existía antes, y sigue existiendo después del brutal recorte retroactivo de tarifas; o en el mejor de los casos, que fue un fallo en la legislación, cuando desde el propio BOE se pidió el apoyo de los ahorradores privados para desarrollar esta energía.

Intoxica que algo queda

El artículo resulta interesante porque es un buen compendio de todas las intoxicaciones que se vienen publicando con mucha eficacia entre la población en general. Y todo con un doble objetivo: 1) desviar la atención del verdadero problema, o sea, de los enormes beneficios que obtiene el oligopolio eléctrico, y 2) frenar el desarrollo de las renovables, y muy en particular de la FV, pues supone una amenaza grave a su negocio. Casi lo que más se dice es que la FV suministra el 3 % de la electricidad y que recibe el 8 % de las primas —o más, tal como se suelen manipular los datos—. Un perfecto ejemplo de cómo tomar la parte por el todo puede ser no ajustarse a la verdad.

Aunque por sabido no deja de ser menos cierto, cabe recordar que la FV ha recibido primas durante 5 o 6 años, mientras que otras renovables llevan recibiéndolas cerca de 30, y algunas fósiles como el carbón más de dos siglos, al menos en algunos países, incluido España.

Los costes de la FV

Como hay que empezar por algún lado, sea por el lado de los costes. Según el IPCC, organismo internacional auspiciado por la ONU que agrupa a la inmensa mayoría de los científicos mundiales expertos en clima, el coste de la FV ha descendido ininterrumpidamente en los últimos 35 años (de 65 a 0,6 USD por W  de 1976 a 2012, una caída total del 99,83 %, y a un ritmo del 14 % anual calculado sobre el coste del año anterior). Y precisamente en este proceso un impulso clave fue el que dio y sigue dando Alemania, con fuerte apoyo de primas, y por el cual llevaban instalados 30 Gw a final de 2012 —equivalente a 10 o 12 nucleares de tamaño medio de 1 Gw.; en España hay 8—.

España se sumó hasta hace poco liderando el proceso mundial junto con Alemania y a partir de aquí el descenso de costes ha sido sencillamente espectacular: hasta ese momento la producción de paneles era casi artesanal, pero visto el interés, en Alemania se diseñaron cadenas de producción cuya tecnología se exportó a China, país que la implantó masivamente, con lo que los costes continuaron cayendo rápidamente.

Este suele ser el proceso normal con todo avance en I+D, promocionado por cualquier Estado. Pero lo razonable y lo que siempre se hace, es aprovechar esa posición de liderazgo para seguir invirtiendo y vendiendo la tecnología y el know-how a otros países, con lo cual el coste inicial de las primas, que desde luego se debe seguir pagando a los inversores iniciales que arriesgaron su patrimonio, se diluye rápidamente en toda la energía generada. Desarrollos obvios en este caso son legislar el autoconsumo con balance neto, y favorecer el ahorro energético en edificios, cumpliendo de paso las directivas europeas en este campo.

España es diferente

Pero no. En España somos más originales, y no solo se cortaron las posibilidades de instalar más FV, sino que se han recortado brutalmente los derechos adquiridos de todos los inversores, conculcando principios elementales de un Estado de Derecho según numerosos juristas internacionales. Este impulso inicial, además, está siendo aprovechado absolutamente por los restantes países del mundo, que están instalando energía FV de un modo explosivo (100 Gw a final de 2012, equivalente a 25-30 nucleares mínimo, y sigue aumentando exponencialmente).

Aquí no acaba todo. Estos ahorradores iniciales fueron atraídos por garantías y promesas publicadas explícitamente en el BOE —no un «hueco legal», como algunos pretenden— y por promotores que obtuvieron ya sus beneficios, y se aseguraron unas magníficas rentas por gestionar las instalaciones con un coste prácticamente nulo. Es más, la banca aprovechó para convencer a muchos de ellos que el gran beneficio se obtenía al «apalancarse»; es decir, pedir un préstamo para invertir más, que luego había que proteger obligatoriamente con una oscura operación financiera, los swapps, que nadie entendía muy bien, avalando todo ello con el patrimonio personal. Como los ingresos estaban avalados por el Estado, supuestamente inversión de riesgo mínimo, y el swapp protegía el préstamo de variaciones de tipo de interés, todo era perfecto. Al poco tiempo, no obstante, y con lo que presumiblemente fue una manipulación coordinada de los mercados financieros, los tipos de interés cayeron abruptamente, con lo que el coste de esa operación se convirtió en prohibitivo.

Los sufridos inversores

Aún más, el Estado, por medio de su entonces ministro de industria socialista decidió recortar un 30 % los ingresos prometidos a estas inversiones, argumentando que todavía obtenían una «rentabilidad razonable». Y más todavía, el ministro del PP, acaba de imponer un impuesto adicional del 7 % a los ingresos —ni siquiera a los beneficios—, y ha modificado el procedimiento de cálculo de las primas. Todo ello ha resultado en una disminución de los ingresos del 40 % mínimo. Pero además, y dado que se ha utilizado la vía del Real Decreto Ley —vía que está prevista para situaciones excepcionales en el ordenamiento jurídico español—, todas estas medidas no se pueden recurrir directamente, con lo cual negocio para los abogados, y mayores costes para los sufridos inversores. Y en el contexto de esta debacle, el Gobierno sigue amenazando con más recortes, que previsiblemente no acabarán con la nueva reforma eléctrica.

No es de extrañar que estén empezando a aparecer fondos buitre que hacen ofertas para comprar estas inversiones, siempre con pérdidas muy considerables sobre la inversión inicial. Y lo peor, que algunos de ellos han fichado ejecutivos de las eléctricas.

Los bancos siguen cobrando regularmente sus préstamos —por ahora—, y los intereses adicionales de los swaps, los promotores de los parques hicieron ya su negocio y ahora cobran por la gestión, los despachos de abogados tienen una nueva fuente de ingresos, la inversión FV va a ayudar a España a cumplir sus compromisos con Europa, y además la inversión en renovables genera innumerables beneficios de otro tipo a la economía española (véase el informe Deloitte-APPA). Los inversores, por su parte, corren el riesgo de ver ejecutados los avales bancarios y perder sus propiedades y ahorros.

Y, sí, los primos con las primas, ¿pero quiénes son los primos? Fiarse del Estado, de la banca, de los medios informativos, y en general de las instituciones, y ser engañado por todos, ¿es eso ser un primo en España? Parece que sí.

Ignacio Mauleón

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