Democracia energética ¡ya! (I)


La sociedad española tiene muchos déficits democráticos, que vienen desde la transición política a mediados de la década de 1970, algunos muy visibles como el político, y otros que empiezan a serlo, como el bancario, y ahora también el energético.

El origen del déficit de tarifa

Respecto a este último, en 1997 la electricidad se producía y distribuía en 14 monopolios integrados verticalmente —generación, distribución y comercialización—, a los que se obligó a desdoblarse en aplicación de la directiva europea sobre energía. El objetivo de esta directiva era introducir criterios de mercado que se suponía conducirían a la competencia y eficiencia que este trae consigo. Para apoyar esta transición se crearon los llamados Costes de Transición a la Competencia que se emplearon, de hecho, para amortizar anticipadamente las inversiones nucleares, y un mecanismo que es el que ha generado el llamado ‘déficit de tarifa’, para cubrir las posibles pérdidas en un entorno competitivo.

La electricidad sigue pareciéndose a un monopolio

Quince años después, la situación nada tiene que ver con lo deseado: la electricidad está en manos de cuatro grupos, sobre todo de dos, con elevadísima participación extranjera, y los monopolios siguen existiendo, pues las actividades de generación, transporte y distribución, aunque nominalmente divididas en sociedades, están integradas en sociedades matrices, que forman de hecho sociedades únicas. El resto, el petróleo, está controlado por una única sociedad, Repsol.

Además, las empresas eléctricas, no sólo no han incurrido en pérdidas, sino que han obtenido altísimos beneficios, a los que se añade un ‘déficit de tarifa’ generado artificialmente por efecto de la regulación, pero que poco o nada tiene que ver con los costes reales de producir energía.

Los altísimos beneficios de las empresas energéticas

El resultado es que las elevadísimas ayudas públicas recibidas por las empresas energéticas solo han servido para limitar aún más el funcionamiento del mercado, a la vez que les permiten obtener unos altísimos beneficios, incluso en los tiempos de crisis en que vivimos —el tristemente conocido fenómeno de socialización de pérdidas y privatización de beneficios—.

La cuestión ahora, de todas formas, es mirar hacia adelante y pensar en una reforma energética que de una vez introduzca criterios de mercado, competencia, y su eficiencia derivada. Y la siguiente cuestión, claro está, es cómo.

Una posibilidad es mantener el status quo actual, aumentando la competitividad con regulación. Y desde luego, la independencia de la Comisión Nacional de la Energía, y el Tribunal de la Competencia, fueron pasos en la buena dirección, desgraciadamente limitados por el nuevo gobierno.

Por otra parte, es difícil introducir competencia en un mercado en el que, de hecho, el acceso a la condición de productor es casi imposible: no es viable construir una central nuclear sin apoyos públicos masivos debido a su alto coste, y tampoco es fácil obtener la financiación privada adicionalmente necesaria, debido a los altos riesgos económicos de estas inversiones; tampoco es viable entrar en la producción hidráulica, dado que los emplazamientos de grandes presas y embalses están ya prácticamente explotados en su totalidad, además de requerir cuantiosas inversiones, que precisan un amplio respaldo financiero inicial, y una seguridad posterior en los precios de venta de la electricidad.

Y respecto al gas, aunque no requiere inversiones tan altas, es difícil competir con una empresa que ha recibido subvenciones para financiar aproximadamente el 50% del coste de sus instalaciones, como es el caso en España.

Competencia en igualdad de condiciones

En definitiva, esto no es sino otra confirmación de uno de los supuestos básicos de sobra conocidos en el análisis económico: el mercado y la competencia requieren, entre otras condiciones, la participación de numerosos oferentes y demandantes en igualdad de condiciones. Y el alto componente de impuestos cercano al 50% en ambos casos, tanto en el recibo de la electricidad como en los combustibles para transporte —gasoil y gasolina—, dificultan la transparencia y eficiencia de dichos mercados.

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